En Ciudad del Este continúa la crisis tras la toma de la administración de la Termi­nal de Ómnibus, por parte del intendente municipal Miguel Prieto y sus adheren­tes. Según las denuncias, el intendente ignoró la adjudi­cación a favor de la empresa Ita Paraná SA para la explo­tación del establecimiento hasta el año 2023 y sin apro­bación de la Junta Munici­pal rescindió el contrato. Sin embargo, a pesar de que hay una orden judicial a favor de Ita Paraná, el jefe comunal se niega a cumplirla.

El hecho se registró el pasado 19 de julio, los funcionarios de la firma mencionada fueron echados de la terminal arbi­trariamente y son los emplea­dos de la municipalidad quie­nes a partir de ese momento administran el lugar. Desde ese entonces se iniciaron una serie de procedimientos jurí­dicos por parte de los direc­tivos de Ita Paraná, quienes solicitan el cumplimiento del contrato, sin embargo, a pesar de varias resoluciones dictadas a favor de la firma, Prieto continúa ignorando a la justicia, según mencionó Benigno Villasanti, directivo de la empresa afectada.

“Cuando el señor Prieto asumió, nosotros le envia­mos todas las informacio­nes de la empresa. Eso lo hicimos en base a las decla­raciones hechas pública­mente durante su campaña, le enviamos las aclaraciones porque él decía cosas que no correspondían a la verdad. Pedimos que las institucio­nes encargadas verifiquen el funcionamiento para respal­dar todo lo que nosotros está­bamos diciendo”, aseguró.

Villasanti dijo además que la Justicia ordenó repo­ner la administración a Ita Paraná. La jueza del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Nélida Alvarenga, conce­dió el amparo promovido por la firma, pero cuando la actuaria se apersonó en el lugar los propios funciona­rios municipales se encarga­ron de sacarla del lugar inclu­sive arrojándole piedras. “La declaración de Prieto es que no hay justicia que le va a imponer, porque él es el representante del pueblo”, mencionó.

Por otro lado, la versión del intendente es que la Terminal de Ómnibus es un bien muni­cipal y si lo que corresponde es que vaya a la cárcel por desacato, asumirá las conse­cuencias. Sostiene que esta empresa hace años estafa a la ciudadanía en complicidad con las autoridades.