Tanto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como el vicepresidente, Hugo Veláz­quez, serán convocados por el Ministerio Público para brin­dar declaración con respecto al acuerdo firmado con Bra­sil el 24 de mayo pasado para la adquisición de potencias de Itaipú.

Si bien el día en que el man­datario y el vice serán cita­dos no se dio aún a conocer, se estima que sería la próxima semana. El informe se dio a conocer desde el Departa­mento de Comunicaciones de la Fiscalía General del Estado. Inicialmente se mencionaba que tanto Abdo como Veláz­quez podrían responder por escrito las preguntas de los fis­cales. Sin embargo, este punto fue aclarado por el fiscal Mar­celo Pecci, quien junto con sus colegas Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme realizan las averi­guaciones del caso.

En entrevista con la 1080 AM, el representante del Ministe­rio Público sostuvo que ambos deberán trasladarse hasta la unidad en la que serán citados para prestar declaración, en este caso en la sede antidrogas.

Luego de que la Fiscalía diera a conocer la información de la convocatoria para la declara­ción testifical, Abdo Benítez y Velázquez publicaron en su cuenta de Twitter que se ponen a disposición de la Fiscalía. “Como lo he dicho siempre, nuestro compromiso es con la transparencia”, escribió el Presidente.

La Fiscalía remitió oficio a las telefónicas para el cotejo y aná­lisis de llamadas y mensajes de todas las líneas telefónicas que están siendo investigadas, al igual que la de las personas que están siendo citadas. Hasta el momento ya declararon Pedro Ferreira, Benigno López y José Rodríguez.

Además, los fiscales investiga­dores pidieron informe a Itaipú sobre los procesos técnicos que hacen a la contratación de potencias y otros mecanismos internos intervinientes.

Recordemos que Abdo Bení­tez como Velázquez están en la mira tanto de parlamentarios como de la propia ciudadanía, que los responsabilizan direc­tamente del acuerdo firmado con el gobierno de Jair Bol­sonaro y que, según técnicos especialistas, causaría un gran daño al país. Con ese docu­mento que finalmente ante la presión se dejó sin efecto, Para­guay renunciaba a los benefi­cios que se obtuvieron en un anterior tratado firmado en el 2007 y que continúa vigente hasta el 2023.

Luego de que esta informa­ción saliera a la luz, se filtraron varios mensajes compromete­dores entre el ex presidente de la Ande Pedro Ferreira, Abdo Benítez y José Rodríguez, supuesto asesor jurídico del vicepresidente de la Repú­blica. En los textos se deja en evidencia la manera en que se hicieron las negociaciones con el gobierno del vecino país, lo que puso en duda la transpa­rencia en la gestión de las auto­ridades. La crisis política gene­rada puso al país al borde de un nuevo juicio político.