El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fuertemente cuestionado por su baja ejecución de obras, canceló el mes pasado la licitación para la rehabilitación y pavimentación del tramo Alberdi-Pilar aduciendo que se violaron cláusulas de confidencialidad en el proceso de evaluación.
Desde la cartera de Obras informaron a La Nación que en este segundo semestre se volverá a licitar la obra, pero que todavía no se tiene una fecha exacta.
La obra, correspondiente al lote 1 –desvío Alberdi-Río Tebicuary (51,56 km) y Travesía Urbana Villa Franca (2,297 km)–, había sido adjudicada al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones, que presentó la oferta más barata de la licitación.
Sin embargo, el Consorcio Constructora Asunción y Asociados, integrado por EDB Construcciones y Constructora Asunción SA, de Enrique Díaz Benza, presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). A raíz de esto, el ente regulador anuló la adjudicación y ordenó que se retrotraiga la licitación a la etapa de evaluación de las ofertas, en abril pasado.
Según el escrito de la protesta, el Consorcio CTT incurrió en cuatro incumplimientos que debieron ser causales de descalificación. Entre los principales, EDB alegó que Tocsa, como líder del consorcio, debía tener una obra ejecutada por G. 145.000 millones, pero presentó un certificado de una obra por G. 143.000 millones. Cuestionó además el perfil de profesionales que presentó CTT y la experiencia en la construcción de puentes de envergadura.
Vale señalar que la oferta de EDB en la mencionada licitación fue de G. 380.009 millones.
El Fondo de Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) es financista del proyecto.
ANOMALÍAS EN EL PROCESO
Se supo además que el MOPC pasó por alto, al evaluar las ofertas, documentos inválidos presentados por el Consorcio Constructora Asunción y Asociados. Adjuntó a su oferta facturas de compra de maquinarias como muestra de su tenencia de las mismas, pero estos documentos fueron anulados por los emisores tras la apertura de sobres.
Es decir que el convocante –el MOPC– realizó la evaluación de documentos que no poseen validez. Específicamente, en lo referido a la evaluación de ofertas de “equipos claves para la obra” se evalúan las maquinarias con las que cuenta, contaría o alquilaría el oferente y los años de antigüedad de dichos equipos.
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó que existe una investigación abierta al respecto y no descartó que el consorcio en el que está EDB pueda ser sancionado. “Si se detecta que presentó algún documento falso o información de mala fe, independientemente a que se haya cancelado la licitación, se puede analizar”, expresó.
La DNCP había anulado en diciembre del 2017 otra polémica adjudicación para este mismo tramo, por lo que el MOPC nuevamente realizó otra licitación. En aquel entonces, el Consorcio Ypoá (integrado por las compañías paraguayas Construpar SA y Constructora Heisecke SA y la uruguaya Ramón C. Álvarez SA) denunció una intromisión irregular del Fonplata en el proceso licitatorio.
PRESIONES
Había trascendido en los medios que gremios del sector de la construcción manifestaron que el Consorcio EDB presiona en varias instancias para quedarse con la licitación, que finalmente quedó cancelada.
En el caso de la millonaria licitación de la ruta Alberdi-Pilar, no es el único proceso en el que saltan cuestionamientos contra la ex familia del Presidente.
El nexo con el MOPC y el que gerencia los negocios es el ex cuñado del Presidente, José Díaz Benza.
El cuñado militó fuerte en la campaña política del mandamás, incluso se mostró muy de cerca del ministro de Obras, Arnoldo Wiens.
Entre los hechos atribuidos a fuertes presiones por parte del gerente de la firma del ex suegro del Presidente, figura por ejemplo el cuestionado premio de G. 8.600 millones que la administración de Wiens tenía previsto desembolsar en concepto de “bonificación por entrega anticipada” de la pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado. Sin embargo, la contratista se retrasó 1.839 días en la entrega de la obra. El trámite de pago se tuvo que dejar en espera después que saltara esta irregularidad.