Los prófugos de la Justicia paraguaya Juan Arrom, Anun­cio Martí y Víctor Colmán se encuentran en el Uru­guay, según un informe de la Interpol Paraguay, cuyo responsable es el comisario Luis Alberto Benítez. Los datos fueron dados a conocer tras una publicación fotográ­fica en la cual Arrom aparece rodeado de sus familiares, en una toma realizada en dicho país durante un brindis.

“Hemos recibido mensaje de nuestro par de Interpol Uruguay (Montevideo), que comunica que los ciudada­nos Juan Francisco Arrom, Anuncio Martí y Víctor Col­mán son susceptibles de ser localizados en Uruguay”, señala Benítez en un comu­nicado dirigido al Ministe­rio Público.

Cabe mencionar que los tres perdieron el estatus de refu­giados políticos en el Brasil por parte del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), que se había concedido en el 2003 luego de ser acusados en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón Deber­nardi, ocurrido en el 2001. La decisión fue comunicada tras la cuarta petición del Estado paraguayo, en la que solicitaba la revocatoria de refugiados, que con anterioridad había sido rechazada por las autori­dades del vecino país.

Tras el rescate de María Edith, que se dio 64 días después, ambos desaparecieron –en el 2002– y fueron encontrados por una de las hermanas ocho meses después en una vivienda ubicada en Villa Elisa.

Dijeron que fueron rapta­dos por agentes de la Policía Nacional y que habían sido torturados y sometidos a otros tipos de vejámenes por los uniformados. El supuesto hecho fue denunciado inme­diatamente por sus familiares ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH). Un año más tarde, en el 2003, consiguieron asilo en calidad de refugiados políti­cos en el Brasil, en donde resi­dían hasta hace un tiempo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no hizo lugar a una demanda en contra del Estado paraguayo promovida por los prófugos, quienes pidie­ron una reparación “simbó­lica” de US$ 120 millones por los daños ocasionados. Posteriormente, el Conare del Brasil revocó el estatus de refugiados de los tres y el Ministerio de Justicia se rati­ficó, por lo que correspondía la orden de captura. Abando­naron el país antes de que esto ocurra.