Con una coartada ideológica de centroizquierda se presenta el Partido Democrático Progresista (PDP), aunque en la práctica es un partido político con fuerte caudillismo familiar, con una presidencia casi vitalicia y poder absoluto en nombre del socialismo democrático.

El PDP es producto de la división del Partido País Solidario (PPS) por parte de un sector interno liderado por Rafael Filizzola y su esposa, Desirée Masi. Fue fundado en el 2007 para participar en las elecciones presidenciales del 2008 apoyando la candidatura presidencial de Fernando Lugo. Ideológicamente se declara socialdemócrata y socioliberal, es miembro pleno de la Internacional Socialista.

De los 12 años de existencia del PDP, 11 de ellos se desenvuelven bajo la conducción del matrimonio entre Rafael Filizzola y Desirée Masi. Solo en el período del 2008 al 2009 fue presidido por el actual senador de esta agrupación, Pedro Arturo Santa Cruz. La alternancia familiar en la conducción del partido va de contra mano con su ideario, el cual rechaza las dictaduras y totalitarismos y promueve la participación ciudadana y la descentralización como medios para lograr una sociedad más justa y democrática.

Desirée Masi presidió el PDP entre el 2010 y el 2015, es la figura partidaria que más provecho saca de su partido y durante 15 años permanecerá en el Congreso Nacional en carácter de legisladora. En las elecciones del 2008 fue elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados, en la que estuvo hasta el 2013; en ese mismo año fue electa como senadora y pasó a ocupar una curul en la Cámara Alta para luego ser reelecta para el período 2018-2023, aunque en el 2016 anunció que no volvería a presentarse para un “rekutu” en el Senado y que retomaría de lleno su carrera médica.

El esposo de Masi, Rafael Filizzola, presidio el PDP por primera vez entre el 2007 y 2008, y desde el 2015 está atornillado a la silla presidencial de su partido. Fue senador electo en el 2008, pero renunció a su curul para ocupar la titularidad de la cartera del Interior (2008-2011) en el gobierno de Fernando Lugo. En el 2013 fue candidato a vicepresidente del Paraguay como dupla del presidenciable Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Un oscuro evento fue el que en su momento cuestionó el fallecido periodista Víctor Benítez a la senadora Desirée Masi por las irregularidades detectadas en el padrón presentado para la creación del PDP, la senadora nunca respondió de manera transparente y directa a ese cuestionamiento.

“¿Por qué hay muertos con derechos a firmar documentos y muertos que no tienen esos derechos?”, se preguntó el comunicador mediante su cuenta de Twitter en el 2017. Sostuvo que para el reconocimiento del PDP por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no se pierde la ciudadanía, ni siquiera si está muerto.

“El partido particular de Desirée y su marido puede usar y abusar de la firma de los muertos. Los demás muertos no tienen ningún derecho”, ironizó.

En el 2007, los fundadores del hoy PDP solicitaron ser reconocidos como partido político, por lo que presentaron más de 8.000 firmas. Lo llamativo del caso fue que entre los firmantes había más de 25 personas muertas, de las cuales el periodista Fidel Giménez llegó a corroborar tres con sus actas de defunción.

En su momento, el presidente de la nucleación, Rafael Filizzola, negó la denuncia, pero no quiso mostrar los documentos a la prensa.

Pese a la juventud institucional del PDP, el caudillismo partidario se vio involucrado en una serie de hechos como menos bochornosos, para no decir delictivos. Uno de los más recientes se produjo en marzo de este año, cuando la Contraloría General de la República (CGR) manifestó que su equipo auditor no pudo constatar documentalmente el respaldo del origen de más de 307 millones de guaraníes de gastos rendidos por el PDP en las pasadas elecciones generales del 22 de abril del 2018.

La CGR sostiene que la actuación del PDP entra en contravención con el artículo 3 de la Ley Nº 4.743/12 “Que regula el financiamiento político” y modifica el artículo 281 de la Ley Nº 834/96 que establece el Código Electoral y que expresa que “los administradores deberán llevar una ordenada contabilidad de los fondos recibidos, el origen claro y preciso de los mismos, así como el destino de los egresos que realicen, debiendo en todos los casos compilar y conservar la documentación que acredite tal movimiento de fondos”.

Otro episodio, calificado como estafa al Estado paraguayo, fue aquel de febrero del 2011, cuando la entonces diputada Desirée Masi del PDP, y actual senadora, depositó en una escribanía una suma cercana a los 134 millones de guaraníes a nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Fue tras ser descubierto que 53 planilleros de su partido estaban cobrando en la máxima instancia electoral.

Los recursos desembolsados para el TSJE no fue dinero proveniente de su bolsillo o de sus adherentes, fueron recursos que su nucleación recibe del Estado paraguayo en concepto de subsidio. La prensa se preguntó entonces si ¿es igual o peor que el caso José María Ibáñez –que devolvió G. 30 millones–, considerando incluso el monto?

Para tratar de justificar lo injustificable, Desirée, durante una conferencia de prensa, dijo: “La situación de las personas involucradas está siendo estudiada por el Tribunal de Ética del partido. Ahí se decidirá qué haremos con ellos. Nosotros no mandamos al frente a nadie y decir que los echaremos no corresponde”. Sin embargo, todo quedó en el folclórico oparei, lo que demuestra su total complicidad en la estafa al Estado paraguayo.