El ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor, sostiene que el uso de las pulseras electróni­cas en los procesados debe ser implementado a nivel regio­nal y no para todo el país, ade­más de que debe garantizarse la cobertura de telefonía celu­lar en aquellas ciudades en las que será implementada. Fue categórico al decir que las pulseras tendrán un costo y que por ello la salud y la edu­cación no se deben ver afec­tadas a raíz de este sistema con relación al presupuesto.

“Yo soy de los convencidos de que esto tiene que ser regio­nal, no para todo el país. Solamente en zonas y deter­minadas ciudades que ten­gan cobertura garantizada de telefonía celular. Además tiene que tener un costo por­que lo que yo no creo es que la salud y la educación deban ser castigadas para darle pri­sión domiciliaria a una per­sona que está siendo proce­sada”, mencionó Villamayor en entrevista con la 970 AM.

Consultado respecto al costo total que estaría implicando la implementación del sis­tema y de la cantidad de pul­seras que serán necesarias, señaló que no hay todavía una cantidad estimativa y explicó que la cantidad de pulseras necesarias dependerá tam­bién de las causas por las cua­les la persona está siendo pro­cesada.

“Violencia doméstica, por ejemplo, lleva dos pulseras por caso, una para la víctima y otra para el agresor por­que cómo vamos a saber si la víctima está o no cerca del victimario si no tiene el dis­positivo que nos indique el lugar donde se encuentra. En cuanto al costo total supongo que depende mucho de la calidad, lo que pasa es que el Estado compra por canti­dad y no por calidad, porque a nosotros nos van a obligar al fin de la jornada a comprar el más barato y eso necesaria­mente se compadece con la calidad del producto. No hay estimación de la cantidad de dispositivos que serán nece­sarios”, aseguró.

Dijo además que tras la san­ción de la ley que reglamenta el uso de las pulseras, el Eje­cutivo tiene sesenta días para promulgar y reglamentar el proyecto, plazo que a su pare­cer es muy corto. “La Corte Suprema de Justicia ha dicho por un procedimiento que es la acción de inconsti­tucionalidad y por otro que es la charla, que no tienen capacidad para administrar esto y que no creen que les corresponda a ellos. El Par­lamento de forma bastante apresurada se lo devolvió al Poder Ejecutivo. Le entregó la facultad al Poder Ejecutivo y ahora hay que ponerse a tra­bajar de forma inmediata con eso, primero porque nos dan sesenta días de tiempo para reglamentar, segundo, por­que tenemos que prever el sis­tema de instalación”, sostuvo.