El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, brindó su apoyo a su ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, blanco de las críticas tras la matanza en el penal de San Pedro y anunció la militariza­ción de algunos centros peni­tenciarios para mayor seguri­dad. Así también, adelantó su proyecto de construir cinco nuevas cárceles.

El jefe de Estado comentó que Ríos seguirá al frente de la institución alegando que el “problema que tenemos es un problema histórico. Es una herencia la falta de inversio­nes en el sistema penitencia­rio”, sostuvo Abdo.

“Vamos a dar cobertura prin­cipalmente en algunas peni­tenciarías como se hizo en el pasado. Vamos a tener como refuerzo a los militares en algunas penitenciarías y vamos a darle una cobertura a través de una ley a las Fuer­zas Militares”, aseguró el jefe de Estado, quien coincidió de esta manera con las expresio­nes de su ministro del Inte­rior, Juan Ernesto Villama­yor, quien también abogó por la capacitación de efectivos militares.

Abdo Benítez comentó que construirán una política pública para paliar el pro­blema que lleva años. Explicó que en los próximos días se van adjudicar tres nuevas penitenciarías y que se van a buscar recursos. “Cuando yo llegué al poder ya había una superpoblación importante en todas las penitenciarías que estaban casi el doble de la capacidad que tienen”, agregó.

Asimismo, el jefe de Estado salió al paso de los reclamos de los guardiacárceles, que amenazan con ir a un paro si no se aumenta la cantidad de efectivos. Abdo señaló que se hizo un esfuerzo para dar­les un salario mínimo y que ahora, desde julio o agosto, contarán con seguro médico, aunque admitió que la can­tidad de guardiacárceles es insuficiente.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor, confirmó que son aproximadamente 400 los miembros de organizacio­nes criminales que se encuen­tran recluidos en los penales del país. De este total, el 10% (40 aproximadamente) son extranjeros (brasileños) y alrededor de 20 reclusos son requeridos en su país. Todos aquellos que tengan procesos en otros países serán expul­sados o extraditados, ase­guró.

Consultado sobre cuándo se estaría concretando lo men­cionado anteriormente, dijo que el Gobierno paraguayo se encuentra en permanente diálogo con las autoridades de Brasil a fin de finiquitar lo antes posible.