ENVIADOS ESPECIALES: EQUIPO PERIODÍSTICO DE GRUPO NACIÓN. REDACCIÓN: SECCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN.

Como consecuencia del amotinamiento ocurrido el domingo último cerca del mediodía en la Penitenciaría Nacional de San Pedro, se supo que cua­tro internos condenados en el penal por homicidio y tráfico de drogas residían en una “granja VIP” ubicada detrás mismo del reclusorio sin ningún tipo de seguridad. Es más, familiares de algunos de los internos tam­bién vivían en la casa.

Los privilegiados fueron identificados como Víctor Brítez Aranda, condenado a 26 años por tráfico de drogas; el otro es Ángel Tranquilino Giménez, con 21 años de con­dena también por tráfico de drogas; el tercero es Ramón Benítez, con 15 años de con­dena por homicidio y quien se hacía pasar por médico naturalista en la vivienda, y el último es Gustavo Paoli, condenado a 9 años de cárcel.

De acuerdo con las informa­ciones recabadas en el lugar, la vivienda tuvo una inversión de G. 100 millones porque cada uno de los reclusos con­taba con habitaciones separa­das y con todas las comodida­des, como aire acondicionado, televisores led, sofás, somiers, heladeras, hornos eléctricos. Además, no contaban con ningún equipo de seguridad, por lo que los internos podían salir en cualquier momento y a cualquier hora sin ningún inconveniente.

Con los internos también resi­dían otras personas como Isa­bel Brítez Aranda (45 años), una menor de 11 años y dos jóvenes: Arnaldo Brítez, de 23 años, estudiante de medi­cina, y José Luis Morel, de 21 años. Todos son parientes del recluso Brítez Aranda. Tam­bién estaba en el sitio Lourdes Margarita Medina Galeano (35 años), pareja de Paoli.

El equipo periodístico de GEN y la Radio 970 AM realizó las investigaciones correspondientes y salió a la luz que Brítez Aranda tenía en su poder una copia de orden judicial firmada por el juez de ejecución del penal, Nés­tor Arévalo, en que daba la orden de que este interno sea trasladado a la “granja VIP”, que aún no está inhabilitada, según el Ministerio de Jus­ticia y Trabajo. Solo Brítez Aranda contaba con la orden.

Esta vivienda salió a la luz recién después de haberse registrado un motín en el interior de la penitenciaría, que dejó como resultado 10 muertos; 5 decapitados, 3 cal­cinados y 2 abatidos, además de varios heridos durante la jornada del domingo de tarde. El enfrentamiento lo prota­gonizaron miembros del Pri­mer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, que se llevó la peor parte.

Las víctimas fueron identificadas como Cristhian Domínguez, Der­lis Silva, Roberto Presentado, Roque Ariel Lugo, Roberto Morales, Víctor Olmedo, José Osorio, Pedro Duarte, Derlis Sánchez y Bruno Gutiérrez. La Policía incautó 2 pistolas y una cantidad considerable de armas blancas fabricadas en el mismo penal. En Tacumbú también hubo otro intento de amotinamiento.

Posterior a este hecho, se pro­cedió al allanamiento fiscal de la “granja VIP” ubicada a metros de la Penitenciaría Nacional de San Pedro. La intervención estuvo a cargo de la fiscala María Dominga Benítez. En la granja, en la que era la habitación de Bení­tez, se encontraron un total de 26 proyectiles de un arma calibre 3.80. Se trata del arma incautada en el penal.

Según informaciones del director de la Policía, Víctor Balbuena, los proyectiles fueron propor­cionados al PCC por el grupo de reos privilegiados. En la habitación se encontraron también uniformes policial y militar, que eran utilizados por uno de los internos.