El intendente municipal de la localidad de Capiibary, departamento de San Pedro, David González López (PLRA), fue denunciado ante el Ministerio Público el pasado 5 de junio por supuesta lesión de confianza cometida durante su administración. Los denunciantes son los propios concejales municipales del mencionado distrito, quienes aseguran que González habría ocasionado un perjuicio que supera los G. 1.500 millones.
El acta de denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por los concejales María Esther Cáceres, Nery Esquivel, Pánfilo Vera y Luis Santiago Cáceres. Los ediles solicitan que el Ministerio Público inicie la correspondiente investigación para esclarecer los hechos. Además, remitieron una nota dirigida al contralor general de la República, Camilo Benítez, solicitando una auditoría financiera a la gestión del intendente, dicho documento fue enviado el 3 de junio.
Actualmente en el municipio son nueve concejales, cuatro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), uno del Frente Guasu y cuatro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Como el PLRA y el Frente Guasu son mayoría, los concejales colorados denuncian que sus colegas se pusieron de acuerdo para “blanquear” la gestión de González. Por lo tanto, cuando el mismo hizo la presentación de su rendición de cuentas del período 2018, todas las irregularidades pasaron prácticamente desapercibidas. Ante esta situación se tomó la decisión de recurrir a las autoridades pertinentes.
VIEJA PRÁCTICA: EL CAMIÓN
Una de las tantas irregularidades que aparecen en el acta de denuncia es el caso de un camión Scania, propiedad del municipio, que según el informe de gestión en su sección de “inventario de bienes” se encontraba en “buen estado”. Además, menciona que a finales del 2018 el vehículo fue reparado y el valor total abonado en ese concepto fue de G. 42.025.000. Incluso figuraba el número de cheque expedido por el monto total a nombre del Taller Mecánico Gómez.
Los elevados montos que aparecían en el informe levantaron sospechas. Fue así que hicieron averiguaciones y descubrieron que el Scania no estaba en la municipalidad, sino en un taller mecánico de Coronel Oviedo. El 25 de abril de este año, los denunciantes fueron hasta ese lugar y constataron que efectivamente el vehículo estaba allí totalmente desarmado.
El propietario del establecimiento, Óscar González, refirió que el móvil desde hacía varios meses estaba en el lugar porque el intendente le había comentado que no contaba con el presupuesto para pagar por su reparación. “En más de una ocasión hemos recurrido a la Contraloría General de la República y no hemos obtenido respuesta, pero ahora que hay un nuevo contralor esperamos que eso pueda cambiar y que finalmente puedan hacer una auditoría. Nosotros no estamos en contra del intendente, pero solo queremos transparencia”, manifestó el concejal Pánfilo Vera.