Los representantes legales de Cristina Arrom, los abogados Rubén Lisboa y Adolfo Mármol, ante el cese del proceso penal instaurado en contra de su defendida, solicitaron al juez Víctor Alfieri la aclaratoria y la regulación de sus honorarios correspondientes. Se sustentan en la Ley Nº 1376/88 y la modificatoria Ley Nº 4590/12, que estipula que los jueces y tribunales serán competentes de regular los honorarios.
La defensa sostiene que los temas planteados procesalmente tienen un valor incalculable y han sentado jurisprudencia en Paraguay por su calidad jurídica, complejidad e importancia. Alegan que en el Art. 32 de la ley de Aranceles y Honorarios reza que los honorarios que no estuviesen expresamente previstos en esta ley, serán fijados entre 5 y 20% del valor del juicio. Cabe recordar que la querella ha planteado en concepto de reparación, la suma de G. 850.000.000.
Por su parte, el recurrente Esteban Aquino, en su pedido de aclaratoria de la resolución del 31 de mayo, sostiene que el “cese del proceso” no se configura en ninguna terminología ajustada a nuestro ordenamiento jurídico y omite nuestra Constitución Nacional y se limitó a transcribir la resolución de la Corte IDH. El juez Víctor Alfieri resolvió no hacer lugar a la aclaratoria planteada por corresponder así a derecho.
Sobre el cese de la querella, el abogado José Gonzalez Macchi manifestó la pertinencia de la aplicación de la norma internacional por parte del juez Alfieri. Remarcó que “puede ser que los términos o expresiones usados en la decisión no sean dogmáticamente correctos, pero los efectos de la resolución son jurídicamente válidos: impedir o cesar la continuidad del procedimiento en el estado en que se encuentre”.
Explicó, asimismo, que en el art. 53 de la Corte IDH, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte.