La postura contradicto­ria que prevalece prin­cipalmente en el equipo oficialista (Colorado Añetete) ha generado confusión en la ciudadanía, más aún por las decisiones asumidas de parte de sus representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Las reso­luciones en temas cruciales para el país las han tomado de acuerdo a sus propias conve­niencias y no en virtud al par­tido y menos pensando en lo que verdaderamente es mejor para el país.

Un claro ejemplo es la manera en la que fueron encarados los últimos pedidos de pérdidas de investidura, en los que fue evidente la saña en sus fallos contra representantes del Par­tido Colorado y benevolentes al momento de las votaciones con exponentes de la oposición. El tratamiento en el Senado de los casos de Víctor Bogado y Enri­que Salyn Buzarquis son ejem­plos claros de contrastes muy llamativos.

Los últimos acontecimientos ocurridos en ambas cámaras, en las que se debió sentar pos­tura respecto a la continuidad de legisladores procesados, en sus respectivas bancas, dejó en evidencia el poco criterio ana­lítico de los referentes de Colo­rado Añetete, quienes fueron contundentes al votar en con­tra de sus propios correligio­narios pero les temblaron las manos cuando decidieron sal­var a referentes de otro partido.

Con la asunción del nuevo gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, en agosto del año pasado (2018), también asumieron senadores y diputados que con­taban con procesos pendientes con la justicia, tal es así que en estos 9 meses varios de esos casos derivaron en condena. El Artículo 197 de la Constitu­ción Nacional menciona que no podrán ser senadores ni diputados los condenados por sentencia firme, por lo tanto, corresponde la pérdida de investidura para aquellos que están en esta situación.

Uno de los primeros casos se dio con el ex diputado José María Ibáñez (ANR), quien reconoció haber robado dinero público en el caso conocido como “caseros de oro”, para poder beneficiarse con la suspensión condicional del procedimiento. Al tratarse el pedido de pérdida de investi­dura el 1 de agosto del 2018, Ibá­ñez fue salvado por miembros de su equipo (Colorado Añe­tete). Hubo 27 votos a favor, 6 votos en contra y 42 abstencio­nes; debían reunirse al menos 53 votos para expulsarlo de su banca. El 6 de agosto de ese mismo año, finalmente Ibá­ñez no pudo con la presión ciu­dadana y presentó su renuncia.

A días nada más de lo ocu­rrido con él, el 20 de agosto de ese mismo año (2018), el entonces senador Óscar Gon­zález Daher fue imputado por asociación criminal y tráfico de influencias. En su caso, se dispuso su prisión preventiva. Sin embargo, en diciembre del 2017 ya había sido expulsado del Senado por mayoría de votos principalmente de Añe­tete. Esto ocurrió luego de la filtración de audios en los que supuestamente se hablaba de tráfico de influencias. Gonzá­lez Daher no fue condenado ni tampoco aceptó su autoría, como en el caso de Ibáñez.

Tras varios debates con miem­bros de Honor Colorado, Gon­zález Daher decidió presentar su renuncia. Llamativamente, en la sesión en la que decidieron aceptar su decisión, los demás senadores ni siquiera deba­tieron el tema y en menos de veinte segundos aceptaron su renuncia.

Un caso reciente en el que el equipo de Añetete fue nue­vamente contundente se dio con Víctor Bogado, quien con 35 votos de por medio perdió su investidura el pasado 13 de mayo. Su colega Juan Darío Monges fue el único quien votó en contra, porque la condena de Bogado por cobro indebido de honorarios todavía no estaba firme, aseguró.

Además, Fernando Silva Face­tti se retiró de la sesión antes de la votación porque dijo que no sería parte de la violación de la Constitución Nacional, pero los argumentos no fue­ron válidos a la hora de tomar medidas contra el equipo con­trario.

Luego de mantener un criterio firme respecto a los casos ante­riores, miembros de Colorado Añetete cayeron en contradic­ción al tratarse la pérdida de investidura del senador Enri­que Salyn Buzarquis (PLRA), quien al igual que José María Ibáñez, admitió que presentó un certificado médico de con­tenido falso para obtener la suspensión condicional del procedimiento y así evitar ir a prisión.

Tras haber apoyado la pérdida de investidura de otros parla­mentarios, esta vez el equipo de Mario Abdo decidió salvar a Buzarquis, quien con 21 votos en contra de dicha medida, continúa en su banca a pesar de haberse declarado culpable de producción de documento de contenido falso y con un jui­cio en puerta por lesión de con­fianza y usurpación de funcio­nes públicas.

Es evidente que la existencia de fuertes intereses políticos obliga al oficialismo a ajustar sus actuaciones para quedar bien con la opo­sición, con lo que ganan puntos para cuando tengan que tratarse proyectos del Ejecutivo en el ámbito legislativo.

Es inocultable el coqueteo de Añetete con ciertos referentes del PLRA, del Partido Demócrata Progresista (PDP), del PPQ y de otros movimientos inde­pendientes. Desde esta perspectiva se hace cuesta arriba la unifica­ción sincera del Partido Colorado de cara a los compromisos elec­torales del 2020 y del 2023.

Los casos de pérdidas de investidura estarían siendo tomadas sin siquiera dimensionar las consecuen­cias que pudieran ocasionar a la Asociación Nacional Republicana (ANR), ya que al asumir una postura favorable al equipo contrario da la pauta de que la delincuencia solo prima dentro de un deter­minado sector del coloradismo y no en el resto de la oposición. Es lo que se da en llamar “legislación selectiva”.