El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Miguel Cuevas, es uno de los parlamentarios con múltiples denuncias en su contra, como enriqueci­miento ilícito, contratación de planilleros, mal manejo en la gestión de la merienda escolar y otros delitos, pero hasta la fecha goza de total impunidad por parte de la Justicia, pese a que existen suficientes prue­bas que lo incriminan.

Su llamativo ascenso eco­nómico data de los años 90, desde que asumió como intendente municipal de la ciudad de Sapucai (1996).

Al finalizar su período ocupó un puesto en el sec­tor público, se convirtió en el administrador de Puertos de Paranaguá para luego can­didatarse nuevamente a la intendencia de Sapucai. A pesar de ganar las eleccio­nes, no completó su man­dato, ya que se postuló para gobernador del departa­mento de Paraguarí, cargo que asumió en el 2013. Lla­mativamente, de ser un humilde zapatero de la ciu­dad, el titular de la Cámara Baja empezó a acrecentar su fortuna, adquirió propieda­des, vehículos cero kilóme­tro, estancias, entre otras cosas. La Fiscalía inició una investigación en su contra, pero sin grandes resultados.

Uno de los hechos atribuidos a Miguel Cuevas es la pro­ducción de facturas falsas que aparentemente se habría realizado bajo su adminis­tración en la Gobernación de Paraguarí. Según inves­tigación del Grupo Nación, fueron varios los desembol­sos para entidades sin fines de lucro y para el rubro des­tinado a “construcciones” hechas por la mencionada institución.

Uno de esos desembolsos fue para la adquisición de bolsas de fertilizantes que debían ser destinadas a un proyecto de ayuda a pequeños pro­ductores. La beneficiada fue la agrupación Kuña Aty, un pequeño comité que empezó con 26 integrantes en el 2015. El mencionado comité fue beneficiado supuestamente con la entrega de varios equi­pos para la construcción y semillas como para la puesta a punto de huertas familiares. Dentro del apoyo brindado también se incluía media­sombras, alambres y princi­palmente la perforación de un pozo artesiano para la extrac­ción de agua.

Una de las facturas que le fue­ron entregadas en la gober­nación a la representante de la comisión corresponde al comercial Báez. En dicho documento, la entidad supues­tamente adquirió un total de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones, según factura N° 2.147, tim­brado 11778423, sin fecha, pero fue en mayo del 2017.

Sin embargo, y tras las averigua­ciones pertinentes, se cons­tató que en el mencionado local comercial jamás vendie­ron fertilizantes y que nunca fueron clientes de la Goberna­ción de Paraguarí. Además, el número de factura y tim­brado que la gobernación bajo la administración de Cuevas entregó al comité aparece con otra mercadería vendida por este negocio. Además de este caso, existieron otros con las mismas características.