El doctor Óscar Ger­mán Latorre, abo­gado del senador Víc­tor Bogado, manifestó que no se dieron a conocer los documentos que aseguren que Gabriela Quintana, cono­cida como la “niñera de oro”, fue comisionada a Itaipú por un pedido del legislador colo­rado hecho al director de ese entonces, Franklin Boccia.

“No existe ninguna prueba ni documento con relación a un pedido de Víctor Bogado al director Franklin Boc­cia para la contratación de Gabriela Quintana en Itaipú”, comentó Latorre. Mientras que el fiscal René Fernández dijo que se probó la solicitud de comisionamiento del pre­sidente de Diputados, en ese entonces Víctor Bogado.

Además dijo que quedó claro que el contrato no se firmó en la fecha que aparecía, sino prácticamente dos meses des­pués. También comentó que los empleados de Itaipú que prestaron declaración ase­guraron con firmeza que no se rigen por la ley del funcio­nario público. “Dijeron con firmeza que no son funcio­narios públicos y no se rigen por ley de función publica y que no son funcionarios del Estado. Itaipú no forma parte del Estado paraguayo, es una entidad de derecho público internacional”, explicó el representante legal.

Explicó que Gabriela Quin­tana debía ser funcionaria pública para que pueda con­siderarse cobro indebido de honorarios. “Se requiere que el autor tenga la calidad de funcionario público de juez o auxiliar de justicia; si Gabriela Quintana como contratada de Itaipú percibió una remune­ración indebida tenía que ser funcionaria pública”, añadió.

Sin embargo, el fiscal mani­festó que con la lectura del contrato firmado por Quin­tana con la Itaipú se com­probó que la funcionaria de la Cámara de Diputados violó la prohibición de doble remu­neración.

El senador Víctor Bogado está imputado por cobro indebido de honorarios y estafa en el caso conocido como “Niñera de Oro”, en el que Gabriela Quintana supuestamente percibió doble remuneración como funcionaria parlamentaria, siendo niñera de una de las hijas del legislador. El legis­lador rechazó las acusacio­nes en su contra y aseguró contar con todos los ele­mentos para demostrar su inocencia.

La fiscala Lilian Alcaraz fue quien solicitó que el caso sea elevado a juicio oral, ya que la contratación fue posible mediante el entonces dipu­tado Víctor Bogado, quien pidió su comisionamiento a la Cámara Baja de Itaipú.