A pesar de la fuerte pre­sión que ejercen los sectores campesi­nos con bloqueos de caminos en varios puntos del país y de Asunción, el Gobierno Nacio­nal por ahora parece no ceder a las exigencias de los com­ponentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). No obstante, ayer se instaló un principio de diálogo con la intermediación del Congreso Nacional, cuyas autorida­des acudieron a la mesa para intercambiar posturas con representantes de poderes del Estado y escuchar los reclamos puntuales de las organizacio­nes populares.

De la mesa participaron auto­ridades del Ministerio de Agri­cultura y Ganadería, Hacienda y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quienes aclararon que no cuentan con recursos para condonar ni subsidiar el pago deudas de campesinos, una de las exigencias de los represen­tantes de la CNI. Como pro­puesta de solución presentaron la reestructuración de deudas y asistencia productiva. Sostie­nen que no existen los recur­sos suficientes para responder a corto plazo a los pedidos de los campesinos.

Al respecto, el titular del MAG, Denis Lichi, explicó que se pla­nea una reestructuración de las responsabilidades financieras. Indicó que el sector productivo posee solo un 2% de morosi­dad en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y en el Cré­dito Agrícola de Habilitación. La mayor parte de la deuda se da en las financieras privadas, donde no poseen datos precisos de cuántos son los afectados.

“Esperamos que aquellos que tengan problemas credi­ticios se acerquen a nosotros y estudiar punto por punto y caso por caso, de acuerdo a eso ofrecer una solución. En nin­gún caso hablamos de subsidio o condonación de deudas, sino reestructuración”, remarcó el secretario de Estado.

Lichi invitó a analizar caso por caso y establecer una mesa de créditos. Además, aseguró que el Estado está en condiciones de analizar esa posibilidad, pero no está en condiciones de negociar subsidios ni condona­ciones. Además pidió buscar las soluciones en conjunto y una oportunidad a este gobierno, que es nuevo y recién está comenzando a trabajar.

En tanto, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, manifestó que de hecho el Gobierno no cuenta con proyecciones de ingresos tributarios que per­mitan al Estado desembolsar un subsidio a los campesinos. Sin embargo, comentó que se tienen US$ 120 millones que pueden ser destinados a la asis­tencia productiva y crediticia de agricultores campesinos.

Si bien el ministro de Desarro­llo Social, Mario Varela, des­tacó que se tuvo un avance posi­tivo para establecer la agenda a seguir, vaticinó un diálogo bas­tante abierto y pacífico con los labriegos para ir avanzando en las respuestas a sus reclamos. Los representantes de la CNI aseguran que la movilización campesina será indefinida, realizando sus marchas por el microcentro y bloqueo de rutas en varios puntos del país.

Además, los campesinos tam­bién unieron fuerzas con los indígenas que llevan meses acampando en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional, exigiendo la destitu­ción de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen, así como la respuesta a reclamos por des­alojos violentos y el asesinato de sus líderes nativos.

“No emplazamos al gobierno de Mario Abdo Benítez, pero hace 15 días que entregamos la nota”, comentó. “Exigimos esa atención y si no lo hace por volun­tad política, nosotros vamos a marchar por las calles”, resaltó. “Vamos a denunciar los hechos de saqueo que se hacen desde el Ministerio de Agricultura, que en el nombre de los agriculto­res roban”, sostuvo el representante.

“Luego, vamos a pasar a la Senavitat (actual MUVH), donde hasta ahora Miguel Cuevas, delincuente empotrado en la Cámara de Diputados, orienta con un enfoque partidario a quién se le va a dar una casa y a quién no se le dará, es lamentable y esto es responsabilidad de Mario Abdo Benítez”, aseveró. Denunció que “el presidente del Indert anunció públicamente que venderán las tierras de Antebi Cué a los sojeros, a los empresarios y a los mafiosos para pagar cuentas”.

Sostuvo que “estas cuentas son fraudulentas y tienen altas sos­pechas de corrupción”. Concluyó diciendo “que si hay represión será responsabilidad absoluta del Gobierno, cualquier hecho que les suceda a los compañeros es responsabilidad de Mario Abdo Benítez, no será responsabilidad nuestra. Nuestra inten­ción es sana, patriótica y documentada, no traemos violencia, ejercemos nuestra garantía constitucional”.

A su vez, el dirigente de la comunidad Tacuara'i, Ángel Vera, afirmó: “Venimos a pedir socorro para que den una protección a las familias, para que no vuelva a suceder nada malo”. “Los poli­cías desaparecen, los fiscales escriben sobre nuestras espaldas, hasta que sucede lo que debe suceder, matan a nuestra gente, después aparecen los matones brasileños que hacen los des­alojos, nos quedamos en la calle”, sostuvo. Relató que “luego de eso, nos juntamos para pedir justicia y venimos a Asunción; después de 4 a 5 meses de lucha, vuelven a matar a nuestro diri­gente, por la lucha por la tierra, tierra que desde hace mucho es nuestra porque es nuestra tierra ancestral”. “Existen todos los documentos en el Indert que demuestran que es un territorio ancestral donde se ubica la comunidad (…). Hay testigos claves, líderes antiguos que habían ayudado a legalizar la comunidad Tacuara’i”, indicó. “Nosotros también nos hemos esforzado para acatar el protocolo. Hemos llegado a los 3 poderes del Estado, hemos clamado socorro y todos desaparecieron (…). No están con nosotros ni los indigenistas ni las oenegés”, comentó.

Refirió que “últimamente, los 3 poderes no nos han cerrado sus puertas, pero todos se han callado a nuestros reclamos”. Res­pecto a la presidenta del Indi, lamentó que “ella debería haber­nos acompañado jurídicamente, pero no lo hizo”.