La falta de interés en el uso de los recursos por un lado y el secretismo por el otro son dos cuestiones que se instalaron fuertemente en el millonario proceso licita­torio de construcción de aulas prefabricadas que el Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC) delegó a la Organiza­ción de Estados Iberoameri­canos (OEI).

La cartera de educación no tiene nada más y nada menos que el propio con­trato con las 4 empresas que adjudicó la OEI y deja en manos de otros la seguri­dad, el control de los recur­sos del millonario montaje.

La plata que destinará el MEC y que proviene de la Unión Europea para la cons­trucción de las 209 aulas prefabricadas ronda los G. 15.000 millones. La OEI se quedará con aproxima­damente G. 750 millones, porque le cobra a la entidad estatal 5% por cada con­trato que en total son 4.

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El MEC cuenta con perso­nal que gana millones en administración y la unidad de compras, pero prefirie­ron pagar y dejar en manos de terceros.

Tratamos de acceder al con­trato, vía Ley Nº 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Guberna­mental”, para saber si se prevé el mantenimiento por seguridad, pero el MEC, que en este caso debería super­visar el proceso, asegura no tener el contrato y se lava las manos. Además, dicen que tienen muchas dudas para el trabajo de fiscalización por­que no conocen el sistema de construcción.

“Los contratos entre la OEI y las empresas adjudicadas obran en ambas instan­cias, atendiendo que es una relación contractual entre la entidad OEI y las empre­sas privadas”, menciona la escueta respuesta que remi­tió la cartera de Estado vía Ley de Transparencia.

NO MUESTRAN CONTRATO

La OEI por su parte argu­mentando que no es una entidad estatal, respondió que “ellos no publican el contrato, que no tienen lugar para eso”. Sin embargo, el organismo internacional es parte interesada ya que administra dinero donado al Estado paraguayo, cobra comisión por la gestión y aún así se niega a transpa­rentar las condiciones de la adjudicación.

Según datos a los que acce­dió La Nación, cada aula prefabricada costará unos G. 72 millones. Este tipo de aula debe recibir mante­nimiento constante para que como máximo duren 10 años.

Por su parte, un aula con­vencional (ladrillo y teja), con las mismas dimensio­nes que las aulas prefa­bricadas, cuesta exacta­mente lo mismo. Pero con la obviedad que duran hasta 50 años, son más conforta­bles y dan mano de obra a los compatriotas.

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