El pasado 7 de febrero se rea­lizó en San José, Costa Rica, la audiencia pública del “Caso Arrom Suhurt y otros vs Para­guay”. El Estado paraguayo se defendió en la Corte Interame­ricana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante las acusacio­nes presentadas por la fami­lia de los refugiados en Brasil Juan Arron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Reclaman al Estado la suma de 50 millo­nes de dólares en concepto de reparaciones integrales.

En la citada audiencia, el vice­presidente de la Corte IDH, el magistrado chileno Eduardo Vio Grossi, realizó una serie de cuestionamientos tanto a la misma Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene como fun­ción presentar los casos ante la Corte IDH, como a la que­rella Arrom-Martí-Colmán.

Lo que Vio Grossi cuestionó a la CIDH tiene que ver con el informe de admisibilidad del caso y el informe de fondo: ¿en qué se basó la Comisión para dictar las medidas cautelares el 5 de febrero del 2002? Además, consultó si es que la CIDH con­sideró la orden de detención pública hecha por el Estado paraguayo el 19 de enero del 2002 y enfatizó que aparece una medida cautelar en con­tra de una medida judicial.

Lo que cuestionó a la repre­sentación de Arrom-Martí-Colmán se relaciona con el monto simbólico requerido. Al respecto, aseveró que los principios de la Convención Interamericana de DDHH hablan de una “justa indemni­zación”. Enfatizó las reglas de la responsabilidad internacio­nal del Estado que establecen que se debe restituir la situa­ción anterior, luego la indem­nización y si no es suficiente va a la satisfacción (simbolismo). Aseveró que el pedido de US$ 50 millones se aleja total­mente de lo simbólico.