El presidente de la Aso­ciación de Fiscales del Paraguay, Ricardo Merlo, manifestó que es bas­tante dudosa la objetividad que pueda tener el contra­lor general de la República (CGR), Enrique García, para auditar la gestión de la Fisca­lía General del Estado (FGE). “Ante esta actual situación, es evidente que sería suma­mente difícil asegurar una completa objetividad en la investigación por parte del contralor”, sostuvo.

Con tantos antecedentes a cuestas, el agente público indicó que sería muy difícil la objetividad de García en el trabajo de auditoría que debe realizar en la Fiscalía Gene­ral. En este sentido, el agente fiscal señaló que es muy lla­mativo el interés del contra­lor para ingresar al Ministe­rio Público, atendiendo que el mismo está siendo inves­tigado por la Fiscalía por lavado de dinero y enrique­cimiento ilícito.

Asimismo, indicó que en este caso se debe hacer un poco de memoria, atendiendo que la propia fiscala general San­dra Quiñónez se comprome­tió a que la Fiscalía sea audi­tada, sin embargo, García ordenó la intervención luego de ser imputado. “En el 2017 la doctora Sandra Quiñónez se había comprometido públi­camente a permitir el ingreso de la Contraloría para auditar, pero en el 2018 se inicia una causa en la cual el actual con­tralor resulta investigado”, indicó Merlo.

Por su parte, el contralor general de la República, Enri­que García, negó que se trate de una cuestión personal con la fiscala general Sandra Qui­ñónez, sino que se trata de una competencia institucio­nal. “La auditoría se hace en el marco de un proceso a un órgano que es pasible de con­trol, de acuerdo a la compe­tencia legal de la Contraloría”, manifestó García días atrás.

El contralor señaló además que la auditoría a la cartera investigadora responde a una serie de denuncias por supuesto mal desempeño de fiscales, por no proceder a la apertura de procesos y a la res­pectiva persecución penal en denuncias formuladas. Aclaró asimismo que el proceso de auditoría no significa que existan temas vinculados con valoración personal.

La Corte Suprema de Justicia dio trámite favorable a una medida cautelar solicitada por Sandra Quiñónez para que el Tribunal de Cuentas asuma la auditoría del Ministerio Público, por ahora, hasta que se dirima la cuestión de fondo.