Listas cerradas desbloqueadas, padrón biométrico, voto y escrutinio electrónico, eliminación de juntas cívicas y la trazabilidad del dinero de las campañas políticas serían los cambios sustanciales en nuestro sistema electoral para las presidenciales del 2023. Al menos, esto es lo que se visualiza en la discusión que se viene dando entre todos los sectores involucrados. En marzo se iniciaría en el Congreso Nacional la discusión formal para una reforma electoral.
La posibilidad de reformar el Código Electoral paraguayo es un tema que llevan adelante tres sectores inicialmente desde hace varios años: el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). No obstante, la reforma del Código Electoral impulsan ahora el propio Poder Ejecutivo y el Legislativo, con la participación de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
De hecho, el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, confirmó que presentarán un anteproyecto para una eventual reforma del Código Electoral, que de aprobarse introduciría varios cambios sustanciales para las elecciones del 2023. En un principio, en representación del Gobierno, Abdo; el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había hablado de impulsar una Reforma Constitucional, pero esto rápidamente tuvo un giro debido a que tras recriminaciones de partidos y políticos se vio la necesidad de hablar primero de ajustes legales sin necesidad de tocar la Carta Magna.
LAS NOVEDADES
En un análisis de los proyectos de cada una de las partes, surgen en la discusión algunas de las novedades que podrían ser una sorpresa para las elecciones presidenciales del 2023, en que se elegirán además de Presidente y Vicepresidente, legisladores de ambas cámaras del Congreso, gobernadores y miembros de Junta Departamental. Algunas de esas innovaciones son el desbloqueo de listas cerradas de candidaturas (eliminación de listas sábanas) a nivel nacional y a nivel de internas, el voto y el escrutinio electrónico; además, propondrían la implementación de un padrón biométrico que implicaría un eventual período de empadronamiento biométrico; también la eliminación de las juntas cívicas, la representación partidaria proporcional de los miembros de mesa y la confección de actas electorales.
La gratuidad del transporte en el día de la elecciones y el acceso al proceso electoral de personas sordomudas, privadas de libertad sin condena e integrantes de fuerzas de seguridad (aspirantes y conscriptos) serían otras innovaciones. Además, ya se está hablando en las mesas de discusión de la posibilidad de implementar la trazabilidad exacta del dinero destinado a campañas políticas sería un punto central.
DEBATE SOBRE LA REFORMA
El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Asuntos Políticos, constituyó una mesa de diálogo con el propósito de recabar posiciones sobre el proceso de reforma. Los temas debatidos fueron propuestos por organizaciones ciudadanas y representantes de partidos políticos. La Cámara de Senadores, a su vez, integró la Comisión Especial para la Reforma Electoral, que tuvo en cuenta opiniones técnicas de expertos electorales. Ambas instancias coincidieron en gran medida en los temas debatidos.
El TSJE, a través de su Comisión Técnica para la Reforma Electoral, aportó su perspectiva técnico-electoral, aunque ya en el 2014 había presentado propuestas para las reformas legislativas en este ámbito. El anteproyecto de ley de Reforma Electoral, propuesto por el Poder Ejecutivo, será elevado al Congreso Nacional a inicios del mes de marzo. Empero, en el plenario deberán considerarse todos los proyectos arrimados.