Mirian Leiva, instructora del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) desde el 2014, fue destituida por impulsar manifestaciones en contra de la gestión de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, que se inician en la fecha cerca del mediodía frente a la mencionada institución. La afectada confirmó además que los funcionarios son constantemente amedrentados por sus superiores para así evitar que se sumen a las marchas.
La denunciante aseguró que, según el departamento de Recursos Humanos del ente, su contrato fue rescindido en noviembre del año pasado (2018) por supuesto planillerismo, pero ella jamás fue notificada de la situación. Incluso cuenta con un certificado de trabajo expedido a finales de enero de este año (2019). Recién el jueves se enteró de su supuesta descontratación a través de un grupo de WhatsApp, en el que se viralizó el supuesto documento.
Esta movilización de instructores y de otros funcionarios del SNPP de Asunción y varios puntos del país contra la gestión de la ministra Bacigalupo se da porque están cansados de los abusos, arbitrariedades, despidos considerados “injustos”, traslados y relevamientos de cargos de directores que denuncian actos con fuerte olor a corrupción. Son mencionados de manera frecuente su ex yerno Darío Muñoz y el operador político Julio Pessolani como los “cerebros” de varias irregularidades. Las últimas denuncias de compra irregular de simuladores de maquinarias pesadas, por valor de 1.300 millones de guaraníes, perjudicaron directamente a Inés Ríos de Ruggero, quien fue despojada de su cargo de directora y hoy está en el “freezer” en Capiatá.
1.000 INSTRUCTORES FUERA
Todo el problema se generó a raíz de la descontratación de unos 1.000 instructores, cuyos contratos vencieron en diciembre pasado, pero en lugar de renovar los contratos, Bacigalupo decidió convocar a un nuevo concurso para llenar esas vacancias, incluyendo a los antiguos docentes que en su momento ya pasaron por ese proceso de selección.
A consecuencia de esa determinación, los afectados tomaron varias medidas solicitando la suspensión de la convocatoria; a falta de respuestas, decidieron someterse a la evaluación a fin de salvaguardar sus puestos. De esa evaluación quedaron los grupos de los aprobados, desaprobados y los que debían presentar documentaciones pendientes para ingresar a la lista. Leiva estaba en este grupo inicialmente, pero luego de presentar sus documentos faltantes pasó al grupo de los aprobados para la siguiente fase de evaluación.
PESSOLANI Y LAS PROTESTAS
A pesar de haberse sometido al proceso, ellos siguieron con las medidas de protesta. Para el pasado quince de febrero estaba prevista una manifestación, sin embargo, los representantes de la institución se enteraron de antemano y buscaron por todos los medios evitar que se lleve a cabo la marcha.
A través de grupos de WhatsApp, el gerente de Acción Formativa, Julio Pessolani, solicitó de forma inmediata a todas las unidades operativas del país que averiguaran si existía o no una convocatoria en sus respectivas sedes. Incluso pidió a los directores regionales que si “tienen identificado”, que informen y “vean la forma política de atajar”. Recopilaron todos los datos personales de quienes tenían previsto asistir a la convocatoria. Pessolani, ex “samanieguista” y ahora fanático de Añetete, ya fue denunciado por vecinos donde reside de uso indebido de bienes (vehículo) del SNPP.
Además, convocaron a los instructores para firmar documentos en apoyo a la ministra Bacigalupo con la supuesta promesa de ser restituidos en sus diferentes áreas. Como pasaban los días y no obtenían ninguna respuesta concreta por parte de la ministra, se llamó una vez más a otra movilización para hoy en horas de la mañana sin imaginar que esta decisión fue la que dejaría a Leiva fuera del concurso para seguir en su cargo.
SACADA VÍA WHATSAPP
Leiva supo el pasado jueves que supuestamente le rescindieron el contrato en noviembre del 2018 a través de un grupo de WhatsApp de los funcionarios del SNPP, en el que hicieron correr la foto del documento. Como a ella no le notificaron formalmente en el plazo estipulado, ayer reclamó lo sucedido a Recursos Humanos.
La respuesta de la directora del área, Marlene Ramírez, fue que haga una nota solicitando la resolución. No supo dar explicaciones concretas, sí fue contundente al señalar a Leiva que ya no formaba parte de la lista de los funcionarios aprobados para la siguiente fase del concurso porque desde noviembre ya estaba fuera de la institución.
La denunciante afirma que todo esto se trata de una maniobra de la ministra para sacarla del lugar debido a las movilizaciones en las que reclaman su destitución.