Instituciones estatales como la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) no puede negar información sobre la administración de los bienes que le son entregados en custodia, porque está obligada por varias leyes, asegura el abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Por lo tanto, no puede negarse a proveer datos sobre el manejo de los bienes de presuntos narcotraficantes, como es el caso de los alquileres de la mansión y otras propiedades de Reinaldo “Cucho” Cabaña. Afirma que la falta de transparencia puede causar graves perjuicios al Estado.
Santagada, en entrevista con La Nación, se refiere la actitud de la Senabico, a cargo de Karina Gómez, sobre la negativa hasta el último momento de develar detalles del contrato celebrado con Miguel Ángel Ayala Florentín, vendedor de repuestos de dudosa reputación, para la explotación turística de la moderna quinta Nápoles que sigue siendo del imputado Cabaña. Gómez difundió el nombre del nuevo inquilino por presión de la prensa, de abogados y de la Secretaría Anticorrupción, que la aconsejó hacerlo.
–Según la ministra de Seprelad, se trata de un contrato privado el caso del alquiler de la mansión del presunto narcotraficante Cabaña.
–La ministra Karina Gómez había mencionado que como eran bienes privados ella no podía dar mayores informaciones sobre los contratos de administración, porque se podría afectar la privacidad. La ley respectiva tiene cinco artículos puntuales en los cuales se menciona que la administración de todos los bienes, procedimiento de contratación, administración con terceros, deben regirse sobre los principios de administración y transparencia. Eso es básico y complementado con la ley de Información Pública, resulta meridianamente claro. Estamos hablando de una institución del Estado que tiene esa información bajo su poder. La Ley de la Información es clarísima: toda la información generada, obtenida a nivel del Estado, son informaciones públicas, a menos que de manera expresa en una ley se establezca el carácter secreto. En la referida ley no se habla de secreto ni confidencialidad ni nada de eso.
–¿Cómo se podría acceder a ese tipo de datos?
–Las instituciones estatales, como Senabico, deben publicar todos los contratos en su página web para que cualquiera pueda realizar el control de la administración que se está llevando a cabo. De hecho que es una de las finalidades fundamentales de los principios de transparencia, de manera a rendir cuentas y que pueda haber un contralor constante por parte de la ciudadanía sobre la gestión estatal, sobre todo en campos como éstos, en donde una mala gestión podría llevar a un eventual perjuicio al Estado paraguayo.
PODRÍAN SER SOBRESEÍDAS
–¿De qué manera se puede dar ese perjuicio?
–¿Qué pasa si las personas que están procesadas hoy, cuyos bienes están bajo la administración de la Senabico, terminan siendo sobreseídas y se les tiene que devolver los bienes? Hoy se están usando esos bienes, como el caso del auto Camaro de “Cucho”. Una cosa es un Camaro con cero kilómetro, sin uso, y otro es un auto usado, golpeado, sin ningún valor. Hay mucha diferencia. Esta no es la forma lógica de administrar. La Senad debería vender el auto para generar intereses y si “Cucho” es condenado, ese dinero entra entero a las arcas del Estado paraguayo, y si no es condenado, se le devolverá. Lo que es grave es que la propia Senabico haya dicho que no se podía dar a conocer al público. Es una barbaridad. Toda la información que maneja la Senabico, por su naturaleza, es pública. Lamentablemente, seguirán pasando estas cosas, porque no se termina de entender lo que es la transparencia. La transparencia no es un discurso, no es una cuestión de marketing, es la consecuencia concreta de que debe transparentarse la gestión del Estado.
–El costo del alquiler llama mucho la atención (7 millones de guaraníes)…
–Una mansión cuesta un poco más que eso. Y estamos escuchando que los moteles se van a alquilar por montos similares. ¿Cuánto genera un motel en el Día de los Enamorados? Es mucho más de lo que están generando con los contratos anuales. Parece, como mínimo, una administración poco prudente. Se tienen que poner los contratos en la página web para que pueda haber un debate público sobre la calidad de la administración que está teniendo Senabico.
OTRO MAL EJEMPLO
–Se tienen otros casos similares…
–El caso terrible de malos manejos es lo que está ocurriendo hoy en el caso de la Corte Interamericana en el caso Arrom, donde hubo un actuar negligente de parte del Ministerio Público y después en la defensa de los intereses paraguayos. La denuncia que hicieron estos dos personajes, secuestradores, presuntos secuestrados… Un informe de la Corte Interamericana dice que el Estado dejó de responder sobre cuestiones probatorias. La Corte no tiene la culpa, la culpa la tienen los malos manejos que hicieron de la situación. Es parte de lo mismo. Si hubiera habido transparencia, si se hubiera sabido lo que estaban haciendo, hoy no tendríamos necesidad de contratar abogado para defender al Estado en Costa Rica, con la posibilidad de que se pueda perder el caso.
LEY MAL CONCEBIDA
–¿Está ley está bien concebida?, algunos la califican de confiscatoria.
–No se puede desposeer si no hay una sentencia judicial firme. La ley de Senabico tiene muchas falencias. Es una ley que debería ser objeto de una revisión profunda, primero, para velar la presunción de inocencia y, segundo, para no comprometer el patrimonio del Estado, que es lo más importante en este caso, porque caso contrario vamos a emitir bonos para pagar deudas por los errores de administradores circunstanciales. Esto es una locura. Acá falta mucho para llegar a una sentencia judicial firme y no se puede estar disponiendo de los bienes. La finalidad es que quienes están acusados de hechos malísimos, que se están investigando, no usen esos bienes para lograr impunidad. Por eso se los desposee momentáneamente, pero se mantiene el valor de las cosas con una administración prudente. El caso de “Cucho” puede durar años, depende de las investigaciones y de la calidad de los abogados que tenga el Estado.
–Esta práctica de negar información pública todavía es común en el país.
–Precisamente en estos días presentamos una acción de inconstitucionalidad (en un caso que involucra al Tribunal Superior de Justicia Electoral). Un caso gravísimo de negación del acceso a la información y el costo se traspasa al que realizó la denuncia. Se negó la información que es pública al señor Vargas Tellez (Daniel), con argumentos absolutamente insostenibles, y lo más grave es que se dispuso que el coste, que se tiene que pagar a los abogados del Estado, abogados que ya cobran un sueldo todos los meses con nuestros impuestos, pero aparte pretenden cobrar honorarios, se traspase al denunciante. Acá claramente hay influencia política. Se operó políticamente a través de la justicia para anular la efectividad de la Ley de Acceso a la Información. Si se tiene que pagar, ¿quién va a realizar alguna denuncia? Está en manos de la Corte mantener la transparencia y romper con el secretismo de las informaciones.