En estos 30 años de democracia que vive el Paraguay, sin dudas, una de las tareas pendientes es el fortaleci- miento de nuestra Justicia.
Mientras los Friedmann, Cuevas, Samudio y Lugaucho sigan gozando de impunidad, será imposible confiar en la objetividad del Ministerio Público y que esta actúe divorciada del poder político.
En el discurso, algunos referentes del Gobierno se presentan como los reyes de la institucionalidad.
La lideresa añetete Jazmincita Narváez y sus compas Soroka y Urbieta, a cara descubierta, van al Palacio de Justicia a presionar a jueces por la libertad de Ulises.
Si respetan realmente las instituciones como lo dicen, tendrían que avisarle al ministro Varela que la mayoría de los funcionarios despedidos ingresó por concurso público.
Renolfito hizo gala nuevamente de sus limitaciones intelectuales y, queriendo descalificar a un senador, ofendió a los familiares y víctimas de la tragedia del Ykua Bolaños.
El guaireño “lápi mbyky” usó esa terrible desgracia para intentar poner un sobrenombre a un político y fue vapuleado con críticas en las redes. ¡Lamentable!
Durísimas declaraciones de Camilo, a quien desalojaron de su vivienda que, según él, la hipotecó para financiar la candidatura presidencial del intendente DJ.
Lo raro es que ni Adolfo, Rocío ni el concejal Buongermini hayan salido a dar la cara. De delincuentes se los trató y hasta ahora no dijeron ni una palabra. ¿Qué pasó acá?
Le consultaron a la titular del Indi qué harán con los indígenas apostados en la Plaza de Armas desde hace meses. Su respuesta fue: “La mayoría de los que están allí tiene antecedentes penales”. Definitivamente se vienen años difíciles para el Paraguay.
Y si tienen antecedentes penales, ¿por qué el Indi no solicita la actuación de la Policía y del Ministerio Público?