El senador Javier Zacarías Irún y su esposa, San­dra McLeod, intendenta de Ciudad del Este, fue­ron imputados por decla­ración falsa. Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo, René Fernández y Luis Said, solicitaron apli­car medidas alternativas a la prisión para ambos.

A sabiendas de la inmunidad con la que cuenta el senador, los fiscales intervinientes solicitaron al juzgado que comunique a la Cámara de Senadores a cerca del pro­ceso en contra del parla­mentario, de manera a que los mismos puedan tratar su posible desafuero para que pueda ser investigado.

Según el acta de imputa­ción, el delito que derivó a la imputación tanto de Zacarías como de McLeod se basa en la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República (CGR) con datos que no se ajustarían a la realidad.

En el caso de la inten­denta Sandra McLeod, los antecedentes refieren que el 4 de agosto del 2015 presentó su declaración jurada de bienes y rentas a la CGR. En aquella opor­tunidad declaró un activo total de G. 6.446.864.296 y un patrimonio neto de G. 6.446.864.296. Un total de G. 57.000.000 en concepto de ingresos mensuales y G. 684.000.000 de ingreso anual.

En el 2015 fue reelecta como intendenta por otro periodo de cinco años. Poco después, el 30 de diciembre del mismo año presentó nuevamente su declaración jurada, pero con algunas variaciones en sus activos.

El 29 de agosto del 2018, McLeod presentó una rec­tificación de la declaración jurada presentada el 30 de diciembre del 2015 mani­festando que una cuenta a cobrar se declaró por error, ya que en realidad la misma no existía. Otra rectificación fue hecha el 8 de octubre del mismo año, esta vez porque en la rec­tificación presentada el 29 de agosto había declarado un inmueble que fue ven­dido con anterioridad. De esta manera, su declara­ción jurada constantemente sufría variaciones.

Además, la Dirección Gene­ral de los Registros Públi­cos informó que la inten­denta era titular de otros inmuebles que no habría consignado en su declara­ción de bienes, al igual que un préstamo en una cono­cida cooperativa por valor de G. 500.000.000.

En cuanto al senador Zaca­rías Irún, aparentemente además de rectificaciones, no habría declarado vehícu­los e inmuebles que estarían a su nombre, según investi­gaciones periodísticas.

A raíz de esta imputación, los fiscales de la causa soli­citaron también reabrir una causa por enriquecimiento ilícito, que ya fue desesti­mada.