El presidente de la Aso­ciación de Fiscales del Paraguay y fiscal adjunto, Ricardo Merlo, señaló que si el Estado paraguayo es condenado el próximo 7 de febrero por violación de los derechos humanos, la revoca­ción del carácter de refugia­dos de Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados por el secues­tro de María Edith Bordón de Debernardi, sería mucho más compleja, ya que ambos que­darían como víctimas.

Estando el país en esta situa­ción, incluso podría impedir que estas personas sean some­tidas a juicio oral y público por el crimen que supuestamente cometieron en el 2001, porque al ser declarados víctimas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), significaría que todo lo sucedido en Paraguay fue producto de un montaje para incriminarlos. Merlo destacó además que las sentencias de la Corte son inapelables.

“De ser condenado el Estado paraguayo por violación a los derechos humanos, se daría por sentado de que esos hechos sucedieron, es decir, que ellos establecerán que todo lo que sucedió esos días (refiriéndose al secues­tro de María Edith), es para incriminarlos. Al condenar al Estado paraguayo ellos que­darían como víctimas. Para el lado brasileño, como vícti­mas y revocarles el estado de refugiados, yo creo que sería una cuestión que traería una complejidad aparejada. Para el Estado paraguayo que se presenten y que se vayan a un juicio oral ya declarados víc­timas por la Corte Interame­ricana, también tiene su com­plejidad”, manifestó Merlo en conversación con la 970 AM.

El fiscal de derechos huma­nos también dijo que la Corte no da a Paraguay el derecho de la amplitud de la defensa y que actuó de “manera incon­sulta”, al aplicar el criterio de Economía Procesal, que es un principio por el cual las par­tes pueden renunciar a pla­zos muy prolongados. De esta manera la Corte dejaría sen­tado que Arrom y Martí efecti­vamente fueron secuestrados y torturados por las autorida­des nacionales para autoinvo­lucrarse en la investigación.

“Evidentemente no estamos en un estado de indefensión, porque de alguna forma se va a escuchar a nuestro testigo, pero no se nos da el derecho de la amplitud de la defensa. La Corte Interamericana y la Comisión siempre van por carriles diferentes. Lo que ocurre con la Comisión es que toma las dos cosas y lo que deja sentado es que Arrom y Martí supuestamente fueron secuestrados y tortura­dos para autoinvolucrarse en la investigación que estaba llevando la Fiscalía sobre el tema de María Edith”, dijo.

El fiscal Ricardo Merlo explicó también cómo se dio la denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana y de dónde salió el monto de US$ 63 millones que recla­man las supuestas víctimas, Juan Arrom y Anuncio Martí.

Señaló que fueron las herma­nas de ambos quienes recu­rrieron a la Corte en el 2002. En el año 2008 la Comisión Interamericana admitió la denuncia. En el 2010 la Comi­sión planteó realizar reunio­nes para llegar a un acuerdo amistoso, pero tanto los denunciantes como el Estado decidieron que no estaban dadas las condiciones. Ya en el 2018 salió el informe 100, en el cual la Comisión reco­mienda aceptar los términos de la demanda “básicamente con la recomendación de que se dé una satisfacción inte­gral material e inmaterial”.

Esto corrió traslado a las partes, Arrom y Martí com­pletaron un documento en el cual hicieron sus alega­tos y sus pruebas y estable­cieron el monto dividido entre sus parientes; “ellos US$ 20 millones cada uno, sus parientes US$ 1 millón cada uno y otros gastos, así llegamos a la cifra de US$ 63 millones. Eso es notificado por la Corte Interamericana a Paraguay y hoy estamos en unos plazos ya a vista de que el siete de febrero tengamos nuestra audiencia para defen­dernos en la Corte Interame­ricana en San José de Costa Rica”, dijo.