El fiscal adjunto de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, señaló que siguen aguardando una respuesta del pedido plan­teado a la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se acep­ten más testigos por parte del Estado paraguayo el próximo siete de febrero.

Esta declaración fue en vista a que en la fecha mencionada, la Corte IDH debe presentar sus alegatos con respecto a la demanda presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado para­guayo por supuestas tortu­ras y privación de libertad a las que, según ellos, fueron sometidos.

Esto habría ocurrido des­pués del secuestro de la señora María Edith Bor­dón de Debernardi (16 de noviembre del 2001), en el que ambos son los principa­les sospechosos; sin embargo, escaparon al Brasil y obtuvie­ron asilo político, evitando de esa manera afrontar a la justicia paraguaya.

En torno a la causa, Paraguay busca demostrar que las afir­maciones de estas personas son falsas; sin embargo, se cuestiona que la Corte sola­mente haya admitido a un testigo, el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre, de los seis que se habían presentado; además, según señalan las autorida­des nacionales, sus decla­raciones estarían limitadas exclusivamente al proceso que el Ministerio Público realizó en su momento. “La situación es que estamos a la expectativa de la Corte, esta­mos trabajando en el caso, mañana (por hoy) se vence el plazo de elaboración de pre­guntas. Creemos que Para­guay se merece que la Corte le otorgue tiempo para que pueda ejercer su defensa libremente”, señaló Merlo en entrevista con la 780 AM.

Actualmente, Arrom y Martí exigen una indemnización de US$ 63 millones como resarcimiento al daño que supuestamente les habrían ocasionado. Para el fiscal, esa suma es una expecta­tiva de indemnización que fue planteada por los repre­sentantes legales de ambas personas.

“Según el informe, solicitan el monto de US$ 63 millo­nes para reparar material­mente los daños causados a Juan Arrom, Anuncio Martí, sus familiares y también para cubrir los honorarios de sus abogados”, mencionó.

El fiscal adjunto de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, explicó durante entrevista con la 780 AM que en el 2010 hubo un dictamen del doctor Enrique García, quien en aquel entonces era el procurador general de la República, para intentar un acuerdo amistoso con Juan Arrom y Anuncio Martí; sin embargo, esto no fue posible.

El motivo se debió a que el entonces fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, se opuso a cualquier arreglo o algún tipo de negociación con estas personas, a quienes se los sindica como los presuntos secuestradores de la señora María Edith Bordón de Debernardi. De esta manera, Candia Amarilla rechazó por completo el mencionado proceso.