La fiscala general del Estado, Sandra Qui­ñónez, explicó que el cruce de llamadas que se pudo utilizar en la investi­gación de los hechos ocurri­dos en la tarde y noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017, cuando se quemó la sede del Congreso Nacional y se atacó el local del Partido Liberal Radical Auténtico, no puede arrojar tantos valores determinan­tes para la investigación.

La alta funcionaria explicó que justamente debido a esa crisis social y polí­tica, es lógico que existan comunicaciones entre el comandante de la Policía Nacional, el presidente de la República, el fiscal gene­ral, asesores, entre otros, con lo cual señaló que a esta misma conclusión llegaron los fiscales investigadores de los hechos del 31M.

“Si existe un hecho puni­ble grave en un momento dado, es lógico que a mí me va llamar indefectiblemente el comandante de la Poli­cía Nacional, me llamará el adjunto, el fiscal de la causa, me podrían llamar algunos asesores del Poder Ejecu­tivo, y eso también hay que saber para hacer una buena evaluación. Porque fue un momento de crisis del país y puede haber muchas lla­madas, en las que debe haber comunicación con el presi­dente de la República, el ministro del Interior, etc.”, explicó durante el programa La Lupa de Telefuturo.

En cuanto al caso del asesi­nato de Rodrigo Quintana dentro del local del PLRA, la fiscala general del Estado señaló que cuando asumió el cargo en el Ministerio Público, en marzo de este año, existía un equipo de fiscales asignados que lle­vaba tiempo trabajando en la investigación. Men­cionó que recibió reporte del proceso de investiga­ción y explicaron el porqué se decidió imputar a un poli­cía y por qué sobreseer a los demás.

“Hay que respetar el trabajo de los fiscales porque son los que tienen el conocimiento pleno de la carpeta fiscal, del proceso. Seguramente vendrá en algún momento una revisión de la Fiscalía General, son ellos los que manejan los hechos punto por punto”, explicó al ser consultada si convenció la explicación de los investi­gadores.

Quiñónez fue designada al frente de la FGE durante el gobierno de Horacio Cartes y tuvo el acuerdo del Senado el 8 de marzo de este año, en ese sentido indicó que ni el ex mandatario ni el actual presidente, Mario Abdo Benítez, la han lla­mado a presionar por algún caso que está siendo inves­tigado. “Desde que asumí trabajo con total indepen­dencia, ni el ex presidente ni el actual presidente me han llamado a pedir algo. Y mira que existe gente cercana al actual jefe de Estado, como el anterior, que está en pro­ceso de investigación, pero yo no he recibido llamadas insinuado alguna cosa”, explicó.

En otro momento, aseguró que desde que asumió el cargo al frente del Minis­terio Público transmitió “autonomía e independen­cia” a los fiscales, con lo cual se avanzó en las inves­tigaciones contra políticos y narcotraficantes. El apre­samiento del ex fiscal gene­ral Javier Díaz Verón, de políticos poderosos como Óscar González Daher y Ulises Quintana y de supuestos narcotrafican­tes como Reinaldo Javier Cabaña fueron hechos que marcaron la agenda del Ministerio Público durante los últimos meses de este 2018. Indicó que cuando llegan las causas a la Fis­calía, lo único que pide a los investigadores es que sean objetivos en el momento de analizar.