El gerente general de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) (MOPC-BID), licenciado Roberto Enrique, u otra autoridad de la cartera de Obras, no respondió sobre la auditoría que realizó el BID acerca de los defectos detectados en la construc­ción de la ruta Blas Garay en el tramo a cargo de EDB Construcciones, firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En el 2016, la firma que se adjudicó el servicio de man­tenimiento de la referida ruta, Serviam SA, alertó sobre una debilidad en las bases de las capas del asfaltado en el tramo José Leandro Oviedo-Coronel Bogado, trabajo realizado por EDB Construcciones. A raíz de esta observación y ante contradicciones entre la empresa fiscalizadora y la compañía contratada para las tareas de mante­nimiento, el ex viceminis­tro de Obras, Juan Manuel Cano, solicitó al BID la rea­lización de una auditoría técnica.

En la solicitud de audito­ría que remitió Cano al BID dice que Serviam SA noti­ficó un evento excepcional: “Debilidad de la capa sub-base, producto de materia­les inadecuados y espesores menores”. En el escrito se enfatiza que se trata de una “falla prematura del pavi­mento”, razón por la cual no se realizó el manteni­miento en una parte de la ruta.

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El BID realizó la auditoría externa sobre la obra y pre­sentó el resultado al MOPC en octubre pasado. Una de las observaciones señala vicio oculto en la estruc­tura de base.

La ruta no tiene el espesor de las especificaciones del pliego de bases y condicio­nes, que tenía que ser de 60 cm, pero se hizo de 40 cm.

Este dictamen del BID está cajoneado en el MOPC y nadie quiere proporcio­nar información sobre las observaciones de esta audi­toría que afecta a la firma EDB, cuyo propietario es el ex suegro del presidente de la República.

El organismo solicitó medi­das correctivas al Ministe­rio y no tramitar ningún pago pendiente.

El gerente de la UEP-BID-MOPC evitó dar una res­puesta y nos derivó al depar­tamento de prensa. Sin embargo, en esta dependen­cia nos dijeron que la unidad a cargo de Roberto Enrique es la que tiene que brindar explicaciones.

Ante la falta de respuesta en el MOPC, solicitamos copia de la auditoría al BID, pero en la entidad nos dijeron que corresponde al ministerio proporcionar dicho docu­mento.

El monto global de la obra se había estimado en US$ 34 millones. La sección I, Lean­dro Oviedo-Artigas, estaba a cargo de EDB y la sección II, General Artigas-Coro­nel Bogado, a cargo de CDD Construcciones.

TAMPOCO ACLARAN SOBRE PREMIO PARA LA EMPRESA AMIGA

En el MOPC hay fuertes presiones a favor de los intereses de la firma del ex suegro del presidente Mario Abdo Benítez. Los fun­cionarios señalaron que nadie se anima a sacar una sola obser­vación que afecte a EDB Construcciones, por sus vínculos con el mandatario y con el ministro Arnoldo Wiens. Al contrario, reade­cuan dictamen para ayudar a la empresa amiga.

Una muestra de cómo en el MOPC se alinean a los intereses de la firma del ex suegro del presidente de la República es el dictamen que elaboró el actual director jurídico Miguel Marín, para premiar con una bonificación a EDB por una obra que entregó con dos años de retraso.

Pese a que la misma Unidad Ejecutora del Pro­yecto de la Ruta Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado informó que EDB terminó esta obra dos años más tarde de lo previsto en el plazo original del pliego de bases y condiciones del contrato, Marín dictaminó que “corresponde el pago de bonificación por entrega anticipada”.

Un dictamen del anterior asesor jurídico señala que no corres­ponde el pago, ya que la Unidad Ejecutora dice que no se cumplió el plazo. Marín es el único con opinión favorable al pedido de la firma amiga. Gracias a la ayuda de Marín, se encuentra en proceso el premio de G. 8.600 millones para la firma del ex suegro del pre­sidente Abdo Benítez. Mientras tanto, Wiens se hace del desen­tendido y se limitó a decir que “vamos a hacer lo que establece el contrato”.

Solicitud de auditoría internacional por parte del ex ministro de Obras.

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