A través de gestiones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y otras entidades estatales se logró que, por primera vez en la historia del país, los bienes recuperados provenientes de hechos de corrupción y otros delitos sean inscriptos como patrimonio nacional.
La PGR logró ejecutar recientemente órdenes de comiso por valor de G. 7.000 millones, que corresponden al caso de los ex funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas Hilarión Osorio y Arnaldo Abegg, así como sus esposas Tomasa Álvarez y Cynthia Giménez, respectivamente. Estas personas fueron condenadas en el 2007 por el desvío de fondos tributarios que superaban los G. 10.000 millones.
El procurador general, Sergio Coscia, señaló que este histórico hecho “fue posible gracias a que conseguimos acuerdos interinstitucionales para facilitar asientos registrales para que exista la posibilidad de inscribir a nombre del Estado paraguayo bienes comisados”. Valoró el trabajo en conjunto con el Poder Judicial, la Senabico, la Seprelad, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República. “Se organizó el Gobierno de modo tal que esto pueda lograrse”, acotó.
Agregó que nunca antes se había podido concretar la inscripción de los bienes de los condenados luego del comiso de los mismos. Señaló que de ahora en adelante con las normas ya establecidas se obtendrán mayores resultados.
“Las normas ya nos autorizan y van a ver muchos más casos. Con esto se logra el objetivo final que termina en la recuperación de los bienes obtenidos de actividades ilícitas. Es un logro excelente porque es uno de los principales objetivos que tenemos nosotros como institución, porque somos los encargados de cuidar el patrimonio de la República del Paraguay”, destacó.
Coscia agregó que recuperar bienes provenientes de hechos punibles tiene un significado y un mensaje para la sociedad. Con esto se deja en claro que ya no habrá impunidad para aquellos que cometen algún tipo de delito. Además, este procedimiento representa un valor más para la Nación.
Con esto, hasta la fecha ya suma G. 40.000 millones el valor de los inmuebles ya inscriptos a nombre del Estado. Un punto no menos importante es que de los G. 40.000 millones, G. 33.000.000.000 corresponden a la inscripción de la estancia del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.