Sandra McLeod, inten­denta municipal de Ciudad del Este, se presentó el jueves ante la Comisión Interventora de la Cámara de Diputados para presentar su descargo y res­ponder a las denuncias de supuestas irregularidades que presentó la Junta Municipal pidiendo una intervención a su gestión. Tras responder a los 15 puntos planteados, ase­gura que no hay fundamentos en las denuncias y que se trata de documentos adulterados, fraguados para una manipu­lación política.

–¿Cómo toma el pedido de intervención al municipio realizado por los conceja­les?

–Nosotros tenemos el 100% de nuestro trabajo realizado sin ningún tipo de inconve­nientes y ningún punto por los cuales ellos están solici­tando el pedido de interven­ción del municipio amerita la intervención. ¿Por qué? Por­que más allá de una audito­ría puntual que se pueda rea­lizar, la intervención quiere decir que se aparta del cargo, es una punición y el Poder Eje­cutivo nombra a un interven­tor que administre el muni­cipio por tres meses. No es lo mismo que una auditoría de gestión, pero para que se te aparte del cargo debe haber causales técnicas y jurídicas. Por eso la gente confunde.

No es que en sí por la interven­ción uno se niega, sino que cuando amerita aceptamos, pero en este caso no amerita una intervención; la consi­deramos netamente política desde todo punto de vista. Los 15 puntos por los cuales nos acusan son totalmente refu­tables y realmente nosotros tenemos todas las documen­taciones para demostrar esos puntos, completamente como lo hemos hecho en la Cámara de Diputados.

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–¿Por qué dice que apunta a una cuestión política?

–Esto está cantado a toda luz de que es algo político. En el 2015 yo fui reelecta y a inicios del 2016 esta misma Junta Municipal ha solici­tado el pedido de interven­ción a menos de tres o cua­tro meses de haber asumido la intendencia. Con esto yo no digo que nuestro trabajo haya resuelto todos los proble­mas de un municipio de más de 400.000 habitantes, pero siempre hicimos todo lo mejor que pudimos y por eso fuimos evaluados en unas elecciones democráticas, cuando volvie­ron a reelegirme a finales del 2015.

Yo estoy ahí gracias a la voluntad popular y no gracias a una resolución o un decreto, yo realmente siempre digo y a todas luces he dicho que nuestra administración no amerita una intervención. Estamos haciendo y cum­pliendo todo nuestro tra­bajo, pero también podemos defendernos.

–Entre los 15 puntos se habla de la malversación de más de G. 36.000 millones de fondos públicos...

–Con total seguridad noso­tros podemos refutar ese punto, que creo es el más ale­voso desde todo punto de vista porque dicen que se han mal­versado ese monto que no sé cómo lo han calculado. Yo no tuve acceso a los documentos por los cuales ellos me acusan, solo lo obtuve a través de los medios periodísticos, nunca nadie me acercó formalmente cómo debería ser.

Entonces, por supuesto, como respondí (en la Comisión de Diputados) con documentos, ellos hablan de que yo estaba invirtiendo mal el dinero recaudado, diga­mos, según los porcentajes determinados en una ley que tiene la Carta Orgánica Muni­cipal, en la que determina el porcentaje de lo que uno recauda en impuesto inmo­biliario en qué tiene que uti­lizarlo: en gastos corrientes y en inversión y, según ellos, yo he invertido menos en gas­tos corrientes de lo que la ley me exige invertir.

Entonces, lo que sí yo puedo decirles es que para nosotros es inversión en todo lo que nosotros hacemos y está complemente corrobo­rado lo que se ha recaudado se ha invertido en obras den­tro del municipio y también en trabajos que nosotros realiza­mos en educación y en salud.

–Si está segura de que no existen irregularidades, ¿por qué la CGR no pudo auditar su municipio?.

–En eso estoy en desacuerdo totalmente porque siempre se ha querido confundir ese punto. Es que cuando ya una rendición de cuenta se ha juz­gado o se ha aprobado en la Junta Municipal y después se ha juzgado en el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuen­tas y las obras o los aportes que se han dado tienen sen­tencias, entonces es el único caso en que la Contraloría no puede auditar algo que ya tiene sentencia o que ya ha sido auditado, fiscalizado e inclu­sive ya tiene una sentencia del Poder Judicial. Un ejemplo: en el 2018, el contralor pudo haber venido desde enero a querer revisar algo en el municipio de Ciudad del Este y podía acce­der sin ningún inconveniente porque aún no tenía sentencia y yo tengo pruebas de que otros contralores lo realizaron.

–También denuncian cobro indebido de tributos...

–Es un convenio que tenemos aprobado por la Junta Muni­cipal y que se les transfiere un monto determinado por esos servicios que ellos dan. No existe ningún tipo de incon­venientes en eso, no sé en qué se basan para decir porque es una tasa. Y sobre el siguiente punto, yo no accedí a esas acu­saciones, pero leí el título. Eso está bajo la jefatura de regí­menes especiales de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este y ellos se refieren sobre algo que se asentó en el rubro de contenedores, se aumentó por el rubro de estacionamiento controlado, fue un error de contabilidad y por supuesto se comunicó a la Junta Muni­cipal y se comunicó a la CGR.

–¿También se le acusa de no pagar al personal?

–Todos han cobrado hasta el mes de octubre, inclusive los concejales municipales. Le dejé eso a la comisión con los documentos correspondien­tes, pagos, cheques. Esto me pareció totalmente absurdo que hayan puesto como cau­sal porque no existe. Lo que yo encontré a través de la prensa pude ir a responder y también está plagado de irregularida­des que incluso de adultera­ción de documentos públicos de la Junta Municipal porque en plenaria aprobaron solo 9 acusaciones, sin leer los pun­tos y las causales de las acusa­ciones. Tenemos las grabacio­nes pertinentes y las vamos a acercar a la Cámara de Dipu­tados. El jueves apareció que fueron 15 puntos, con la misma fecha y la misma hora del tratamiento de la plena­ria. Eso está también a través de una escribana.

–¿Qué impresión le deja­ron los diputados después de escuchar su descargo?

–Yo les dejé un mensaje a los miembros de la Comisión Interventora de la Cámara de Diputados, que hemos hecho los descargos corres­pondientes y jurídica y téc­nicamente van a juzgarnos. No puede, desde mi punto de vista, otorgarse desde ningún punto de vista una interven­ción a la Municipalidad de CDE. Ahora, si lo hacen polí­ticamente o por otros tipos de intereses eso ya escapa a lo que realmente debe ser en derecho. Ojalá que sea cohe­rente y que podamos decir que se ha observado y que se ha analizado y que el juego sea tanto para los acusadores y esta intendente.

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