Sandra McLeod, intendenta municipal de Ciudad del Este, se presentó el jueves ante la Comisión Interventora de la Cámara de Diputados para presentar su descargo y responder a las denuncias de supuestas irregularidades que presentó la Junta Municipal pidiendo una intervención a su gestión. Tras responder a los 15 puntos planteados, asegura que no hay fundamentos en las denuncias y que se trata de documentos adulterados, fraguados para una manipulación política.
–¿Cómo toma el pedido de intervención al municipio realizado por los concejales?
–Nosotros tenemos el 100% de nuestro trabajo realizado sin ningún tipo de inconvenientes y ningún punto por los cuales ellos están solicitando el pedido de intervención del municipio amerita la intervención. ¿Por qué? Porque más allá de una auditoría puntual que se pueda realizar, la intervención quiere decir que se aparta del cargo, es una punición y el Poder Ejecutivo nombra a un interventor que administre el municipio por tres meses. No es lo mismo que una auditoría de gestión, pero para que se te aparte del cargo debe haber causales técnicas y jurídicas. Por eso la gente confunde.
No es que en sí por la intervención uno se niega, sino que cuando amerita aceptamos, pero en este caso no amerita una intervención; la consideramos netamente política desde todo punto de vista. Los 15 puntos por los cuales nos acusan son totalmente refutables y realmente nosotros tenemos todas las documentaciones para demostrar esos puntos, completamente como lo hemos hecho en la Cámara de Diputados.
–¿Por qué dice que apunta a una cuestión política?
–Esto está cantado a toda luz de que es algo político. En el 2015 yo fui reelecta y a inicios del 2016 esta misma Junta Municipal ha solicitado el pedido de intervención a menos de tres o cuatro meses de haber asumido la intendencia. Con esto yo no digo que nuestro trabajo haya resuelto todos los problemas de un municipio de más de 400.000 habitantes, pero siempre hicimos todo lo mejor que pudimos y por eso fuimos evaluados en unas elecciones democráticas, cuando volvieron a reelegirme a finales del 2015.
Yo estoy ahí gracias a la voluntad popular y no gracias a una resolución o un decreto, yo realmente siempre digo y a todas luces he dicho que nuestra administración no amerita una intervención. Estamos haciendo y cumpliendo todo nuestro trabajo, pero también podemos defendernos.
–Entre los 15 puntos se habla de la malversación de más de G. 36.000 millones de fondos públicos...
–Con total seguridad nosotros podemos refutar ese punto, que creo es el más alevoso desde todo punto de vista porque dicen que se han malversado ese monto que no sé cómo lo han calculado. Yo no tuve acceso a los documentos por los cuales ellos me acusan, solo lo obtuve a través de los medios periodísticos, nunca nadie me acercó formalmente cómo debería ser.
Entonces, por supuesto, como respondí (en la Comisión de Diputados) con documentos, ellos hablan de que yo estaba invirtiendo mal el dinero recaudado, digamos, según los porcentajes determinados en una ley que tiene la Carta Orgánica Municipal, en la que determina el porcentaje de lo que uno recauda en impuesto inmobiliario en qué tiene que utilizarlo: en gastos corrientes y en inversión y, según ellos, yo he invertido menos en gastos corrientes de lo que la ley me exige invertir.
Entonces, lo que sí yo puedo decirles es que para nosotros es inversión en todo lo que nosotros hacemos y está complemente corroborado lo que se ha recaudado se ha invertido en obras dentro del municipio y también en trabajos que nosotros realizamos en educación y en salud.
–Si está segura de que no existen irregularidades, ¿por qué la CGR no pudo auditar su municipio?.
–En eso estoy en desacuerdo totalmente porque siempre se ha querido confundir ese punto. Es que cuando ya una rendición de cuenta se ha juzgado o se ha aprobado en la Junta Municipal y después se ha juzgado en el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas y las obras o los aportes que se han dado tienen sentencias, entonces es el único caso en que la Contraloría no puede auditar algo que ya tiene sentencia o que ya ha sido auditado, fiscalizado e inclusive ya tiene una sentencia del Poder Judicial. Un ejemplo: en el 2018, el contralor pudo haber venido desde enero a querer revisar algo en el municipio de Ciudad del Este y podía acceder sin ningún inconveniente porque aún no tenía sentencia y yo tengo pruebas de que otros contralores lo realizaron.
–También denuncian cobro indebido de tributos...
–Es un convenio que tenemos aprobado por la Junta Municipal y que se les transfiere un monto determinado por esos servicios que ellos dan. No existe ningún tipo de inconvenientes en eso, no sé en qué se basan para decir porque es una tasa. Y sobre el siguiente punto, yo no accedí a esas acusaciones, pero leí el título. Eso está bajo la jefatura de regímenes especiales de la Municipalidad de Ciudad del Este y ellos se refieren sobre algo que se asentó en el rubro de contenedores, se aumentó por el rubro de estacionamiento controlado, fue un error de contabilidad y por supuesto se comunicó a la Junta Municipal y se comunicó a la CGR.
–¿También se le acusa de no pagar al personal?
–Todos han cobrado hasta el mes de octubre, inclusive los concejales municipales. Le dejé eso a la comisión con los documentos correspondientes, pagos, cheques. Esto me pareció totalmente absurdo que hayan puesto como causal porque no existe. Lo que yo encontré a través de la prensa pude ir a responder y también está plagado de irregularidades que incluso de adulteración de documentos públicos de la Junta Municipal porque en plenaria aprobaron solo 9 acusaciones, sin leer los puntos y las causales de las acusaciones. Tenemos las grabaciones pertinentes y las vamos a acercar a la Cámara de Diputados. El jueves apareció que fueron 15 puntos, con la misma fecha y la misma hora del tratamiento de la plenaria. Eso está también a través de una escribana.
–¿Qué impresión le dejaron los diputados después de escuchar su descargo?
–Yo les dejé un mensaje a los miembros de la Comisión Interventora de la Cámara de Diputados, que hemos hecho los descargos correspondientes y jurídica y técnicamente van a juzgarnos. No puede, desde mi punto de vista, otorgarse desde ningún punto de vista una intervención a la Municipalidad de CDE. Ahora, si lo hacen políticamente o por otros tipos de intereses eso ya escapa a lo que realmente debe ser en derecho. Ojalá que sea coherente y que podamos decir que se ha observado y que se ha analizado y que el juego sea tanto para los acusadores y esta intendente.