Jorge Bogarín, abo­gado del ministro de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ), Sindulfo Blanco, alegó ayer ante la Cámara de Senadores que existen dudas en las acusaciones formula­das contra su defendido, por lo que solicitó al Tribunal acusatorio de dicha Cámara rechazar las acusaciones y declararlo inocente.

“Existen muchas dudas en esa acusación, y hay puntos que fueron rebatidos por documentos públicos que presentamos como elemen­tos de pruebas; esta defensa técnica solicita la absolu­ción o rechazo por derecho”, concluyó.

El letrado Bogarín ejerció la defensa de Blanco, quien estuvo ausente por motivos familiares. Desde el atril expuso que el juicio político es nulo porque se trata de un proceso que va desde el 2016, violando de esta manera las garantías del proceso, porque el Tribunal actual ya no tiene la composición que ha escu­chado las acusaciones hace dos años.

Luego de esto, puntualizó las nueve acusaciones contra su defendido, en primer lugar; explicó que nunca hubo mal desempeño de funciones por parte del Blanco, argumentó que para los magistrados no existe ningún código, ley o reglamento que establezca mal desempeño de sus fun­ciones, pero que sí se estable­cen las causales inciertas de las conductas de jueces y fis­cales en los artículos 14 y 15 de la Ley de Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados, que son pasibles de sanciones si se incumplen.

En cuanto a la supuesta libe­ración al peligroso y asesino Fabio Ruffato, el abogado admitió que su defendido emitió un fallo en ejercicio de sus facultades como inte­grante de la Sala Penal en el marco del recurso extraor­dinario de revisión, sin embargo, aclaró que la CSJ no es competente para dis­poner las medidas que están reservadas para el juez penal de Ejecución, quién fue el que pudo haber dispuesto la libertad de esta persona.

Así también, en cuanto a la acusación de haber evi­tado la remoción del juez de Alto Paraná, Atilio Saguier, la defensa expresa que al momento de la presentación de la renuncia del magistrado, el pleno no había resuelto la acción intentada, y que el ministro Blanco tuvo en su poder el expediente para emi­tir su voto por un mes y no por nueve años como expresa la acusación.

Las otras acusaciones contra el magistrado son la de haber declarado inamovibles a sus colegas; el ineficaz ejerci­cio de la Superintendencia; impedimentos para que la Contraloría intervenga; com­praventa de tierras públicas; pérdida de la honorabilidad; supuestos fallos contra la Constitución Nacional. La sesión se reanuda hoy, a las 15:00, donde el Tribunal deberá dar su sentencia.