La comisión especial que analiza el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administra­ción de la intendenta San­dra McLeod de Zacarías, se reunió ayer por segunda vez. En esta ocasión, los diputa­dos que integran la mesa de trabajo decidieron que las audiencias públicas se rea­lizarán de manera abierta, dondecualquier ciudadano podrá ingresar.

“Esta audiencia será de carácter público, cualquier ciudadano podrá ingresar. Por supuesto, los concejales municipales podrán desig­nar a tres voceros para abor­dar sobre los 15 puntos que hacen alusión a la denuncia”,explicó el diputado Antonio Buzarquis, titular de la comi­sión especial.

Los primeros convocados mañana por el grupo de trabajo son los concejales municipales, a las 9:00, en elSalón VIP (quinto piso) de la Cámara de Diputados para argumentar las denuncias realizadas. Igualmente, fue convocada para el próximo jueves 15 de noviembre la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, para realizar su descargo sobre las denuncias.

“Se ha establecido la metodo­logía de las audiencias públi­cas que se llevarán adelante, se firmó la nota en la cual se notifica a la Municipalidad de Ciudad del Este de las dos audiencias”, detalló Buzar­quis. Asimismo, explicó que el expediente cuenta con unas 300 páginas, la denun­cia cuenta con 19 páginas aproximadamente que serán analizadas por la comisión especial.

El titular del grupo de trabajo señaló que fueron estableci­dos además posibles pedidos de informes a la Contralo­ría General de la República (CGR), al Tribunal de Cuen­tas y a la Dirección de Contra­taciones Públicas. “Nosotros queremos una constancia escrita sobre lo que ya dijo el contralor, que la Contraloría no puede intervenir en este caso. Entonces, con esa cons­tancia formal podemos dejar en claro que ciertas posturas son inviables para el caso”, dijo el diputado Sebastián Villarejo, integrante de la comisión.

El propio contralor general de la República (CGR), Enrique Gar­cía, adelantó en conferencia de prensa que no pueden dictami­nar sobre el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, atendiendo que no cuentan con los documentos. Agregó que tienen radicada una acción de inconstitucionalidad contra una ley que declara la supresión de las facultades del Tri­bunal de Cuentas, y con ello consigue elevar al órgano todos los papeles relacionados con su ejecución presupuestaria.

“Eso materialmente significa que no hay papeles en el municipio que se puedan revisar”, explicó el contralor. Asimismo, indicó que ya habían solicitado al fiscal de Cuentas acceder a estos documentos incluso dentro de la institución, sin embrago, obtu­vieron una respuesta negativa.

“No es posible ni está autorizada la intervención por parte de la Contraloría y el marco del proceso de juzgamiento, porque se trata de un proceso jurisdiccional, bilateral; la Contraloría no es parte”, indicó. Por esta situación la Contraloría tiene una impo­sibilidad material de producir el previo dictamen que requiere la Constitución Nacional para expedirse, primero la Contraloría y después el Parlamento, sobre una ejecución presupuestaria deficiente, delictual o patrimonialmente dañosa.