Las diferentes anoma­lías que envuelven a la administración de Patricia Samudio como pre­sidenta de Petropar, en apenas dos meses de asumir al cargo, se volvieron insostenibles. El abogado Luis Villamayor pre­sentó ayer una denuncia con­tra Samudio ante el Minis­terio Público por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enrique­cimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.

La venta de una importante cantidad de combustible a la empresa Monte Alegre SA, firma ligada al asesor de Mario Abdo, Conrado Hoeckle, y la compra de gas licuado de petróleo (GLP) a la competen­cia a un precio mucho más ele­vado. Son dos las acusaciones más importantes hacia la pre­sidenta de la petrolera estatal.

“A tan solo días de asumir al cargo ordenó irregular­mente la transferencia de los fondos de la empresa estatal, mediante una simple nota con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, contraria­mente a lo que establece la ley vigente y el decreto presi­dencial. Una de las entidades financieras más beneficiadas por Samudio es el GNB-PGY, donde se desembolsaron US$ 20 millones. Casualmente, con esta entidad bancaria opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accionista es el señor José Costa Perdomo, actual esposo de la presidenta de Petropar, y en donde esta empresa familiar debe unos G. 2.000 millones”, relata la denuncia contra la cuestio­nada presidenta.

Otra de las decisiones muy cuestionadas de Patricia Samudio hace referencia a que habiendo tiempo sufi­ciente para la compra de gas licuado de petróleo (GLP) directamente de un proveedor argentino, la presidenta deci­dió comprar de una empresa importadora local, totalmente contrario a los intereses de la institución y lógicamente favo­rable para la empresa Corpo­ración Petrolera SA (Copesa), cuyo presidente es Pedro Balotta, de quien se adquirió 4.000 toneladas de GLP por valor de US$ 3,5 millones. Esta operación representa US$ 100 la tonelada más caro, que final­mente recaerá sobre el consu­midor final.

La denuncia se basa también en otro punto llamativo. A días del aumento del precio del combustible, Patricia Samu­dio autorizó la venta de 7,5 toneladas del carburante a la firma Monte Alegre SA, ligada al asesor de Mario Abdo, Con­rado Hoeckle.

El denunciante, Luis Villa­mayor, adelantó a La Nación que pedirán una auditoría por parte de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para que se tome este caso con toda la seriedad posible, por calificar el hecho como muy grave.

La bancada del movimiento Honor Colorado de la Honorable Cámara de Senadores presentó ayer al presidente, Silvio “Beto” Ovelar, el pedido de informe de gestión de la actual administra­ción de la entidad Petróleos Paraguayos (Petropar). El docu­mento tuvo entrada ayer y fue girado a la Comisión de Peticio­nes, Poderes y Reglamentos.

Los legisladores de Honor Colorado exigieron el cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional que expresa clara­mente que los senadores pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentraliza­dos, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la activi­dad jurisdiccional.