Hoy se cumplen 60 días del inicio de la era Mario Abdo Benítez en Paraguay y su adminis­tración ya fue marcada por escándalos de los integrantes de su gabinete. Puntualmente, de los ministros Eduardo Petta (Ministerio de Educa­ción y Ciencias), Julio Maz­zoleni (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) y Patricia Samudio (presidenta de Petropar), entre otros.

En el caso del Ministerio de Educación, Petta había denunciado a finales del mes de agosto, a 15 días de ges­tión, a unos 1.200 planilleros en la institución estatal. Esta denuncia solo realizó a través de los medios de comunica­ción y aseguró que tomaría las medidas correspondientes contra estos 1.200 funciona­rios que cuentan con un rubro, pero no cumplen ningún tipo de labor. Sin embargo, a más de un mes y medio de la denun­cia, el ministro de Abdo no pudo demostrar quiénes son los 1.200 planilleros.

Con bombos y platillos, Petta anunció que realizarían una mesa de trabajo con Hacienda, Función Pública, un equipo del MEC y los gremios para concretar un “saneamiento” en la cartera de Estado. Pero hasta la fecha no fue tomada ninguna medida, mucho menos una denuncia formal ante el Ministerio Público. La denuncia quedó en “nada”.

Mientras tanto, en el minis­terio de Salud, Mazzoleni denunció que fueron “encon­trados” más de 10.000 kilos de medicamentos e insumos ven­cidos. Otra denuncia sin llegar a un fin concreto. La explica­ción dada por el ministro fue que los vencimientos fueron comprobados, pero no se pudo corroborar el sitio donde se encontraban tales fármacos e insumos. Mazzoleni culpó al “sistema” de computadoras por esta desaparición física, pero esto sería una estrategia para la adquisición de nuevos software, un posible nuevo negociado.

Por último, y no menos impor­tante, es el escándalo en Petro­par. En este caso el diario La Nación realizó una serie de publicaciones sobre las irre­gularidades en la adminis­tración de Patricia Samudio, titular del ente petrolero. Esta denuncia habla de una com­pra irregular de gas licuado de petróleo (GLP) de un interme­diario local a través de la vía de la excepción.

Le compró a la empresa Copesa, cuyo titular es Pedro Balotta, por valor de US$ 3,5 millones, un competidor directo en el rubro de las dis­tribuidoras de la petrolera estatal. La compra se tuvo que haber realizado, como es habitual, de un produc­tor internacional (Bolivia o Argentina) para que el precio sea competitivo y beneficie a la ciudadanía. Pagó US$ 100 más caro por cada tonelada de gas adquirida vía excep­ción (material ya publicado). Además de la transferencia irregular de US$ 20 millo­nes del dinero de la estatal a bancos privados, hecho que está prohibido por ley debido a que todo dinero público debe ser adminis­trado por el Banco Nacional de Fomento (BNF).

La política exterior evidentemente no es el fuerte de Mario Abdo Benítez, presidente de la República, y eso lo dejó bien claro con dos hechos bochornos que se dieron en estos dos primeros meses de gestión. La primera decisión del Gobierno adoptada en este campo fue el retiro de la embajada paraguaya de Jerusalén y tras­ladarla nuevamente a Tel Aviv, a pocos meses de que el gobierno anterior realizaba este cambio.

Esta decisión no fue tomada de la mejor manera por el gobierno de Israel y, consecuentemente, retiró la embajada israelí de Paraguay. Otra de las medidas tomadas por el gobierno de Israel fue retirar las cooperaciones con el país de manera inmediata. Antes de rever la decisión, el Gobierno paraguayo minimizó tanto el retiro de la embajada como el cese de las cooperaciones.

Un hecho aún más bochornoso se dio en los últimos días en la República de China (Taiwán), protagonizado por el entonces director de Migraciones, Julián Vega, durante un viaje al país asiá­tico, acompañando al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En esta oportunidad, una traductora taiwanesa denunció a Vega de manosearla durante su labor. Vega renunció al cargo.