La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG), expresó ayer que la intención de dero­gar el Servicio Militar Obli­gatorio (SMO) será lo más razonable ante la intención del Gobierno de establecer polémicas multas a cobrar a quienes no fueron al cuartel.

Martínez tildó la propuesta impulsada desde el entorno del presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, de “militarista” y mencionó que la medida afectará prin­cipalmente al sector más vul­nerable.

“La gente de clase media y media alta serán los que podrán pagar. El tema de colocar una multa significará de nuevo que los pobres serán recluidos de manera obligato­ria. Yo creo que se debe propi­ciar una cultura depaz. Estoy en contra de avanzar con esta cultura militarista”, indicó.

Añadió también que el Ejecu­tivo comete un error en “preo­cuparse por que los jóvenes hagan el servicio militar obli­gatorio”, mencionó. La par­lamentaria consideró que mediante el planteamiento los militares manejaránmayores recursos económi­cos, los cuales a su criterio deben ser destinados al sector de la educación y la cultura.

“Varios legisladores estamos en la iniciativa de suspender el SMO. Vamos a apoyar todas las iniciativas para la deroga­ción. Ninguno de los gobier­nos anterioresvolvió a tener el énfasis que se quiere dar en este gobierno. Haycon­sensos con algunos colegas, yo espero que haya los votos.Será más razonable derogar la ley”, sentenció tras mantener ayer una reunión con el jefe de Estado en el Palacio de López.

Por su parte, el presidente delPartido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, expresó que la obje­ción de conciencia está esta­blecida en laCarta Magna, lo cual significa que bajo nin­guna circunstanciapuede restablecerse el viejo modelo.

Alegre añadió que el Paraguayprecisa de una juventud capa­citada para poder responder a las grandes necesidades del desarrollo. “El servicio mili­tar no es un instituto de edu­cación precisamente, o sea tampocodebemos desnatu­ralizar las cosas”, comentó.

Días atrás, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, argumentó que la Ley Nº 569/1975continúa vigente y que mediante ella se ampararán para cobrar lasmultas. Cada jornal mínimo es de G. 81.252 y dos totalizan 162.504 guaraníes y en ocho años esa suma asciende a G. 1.300.000.