La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, en un nuevo acto de pre­potencia, ordenó la rescisión del contrato firmado por el Servicio de Promoción Pro­fesional (SNPP) y la empresa de limpieza Laya SA, denun­ció Alcides Ortega, funciona­rio de la institución. “Carla Bacigalupo no tiene atribu­ciones para dejar sin efecto el contrato. Espero que cuando venga una demanda en con­tra del SNPP, ella pague de su bolsillo los gastos, porque la empresa tiene contrato hasta el 31 de diciembre”, manifestó.

El circular por el cual se comu­nica la suspensión del servi­cio lleva la firma de su yerno Darío Muñoz, designado por Bacigalupo como gerente Eco­nómico de la entidad estatal. Éste había sido nombrado en un alto cargo primeramente en el Ministerio del Trabajo y, posteriormente, fue trasla­dado al SNPP.

“La gerencia económica comunica a todas las geren­cias, direcciones y unida­des operativas, que a par­tir del día lunes 1 de octubre del corriente, los personales de la empresa Laya SA ya no podrán ingresar a la institu­ción, debido a la rescisión de contrato con dicha empresa”, señala el comunicado fir­mado por Muñoz.

La medida fue dada a conocer tras la renuncia –el viernes último– del director gene­ral del ente, dependiente del Ministerio del Trabajo, Ramón Maciel Rojas.

De acuerdo a lo manifestado por Ortega, de la noche a la mañana quedaron sin trabajo decenas de operadores de la firma, en su mayoría madres solteras. En la sede central del SNPP estaban realizando la tarea de limpieza unas 30 personas, pero la cantidad es mucho más grande, teniendo en cuenta que la decisión afecta a todas las sucursales de la institución de forma­ción, sostuvo.

Cabe mencionar que la secre­taria de Estado, a poco tiempo de asumir el cargo, había denunciado un supuesto vaciamiento de la estatal. Como consecuencia de esa situación había anticipado la eliminación de unos 500 cur­sos de capacitación. Ortega había calificado de menti­rosa a Bacigalupo y aseguró, con informe del Ministerio de Hacienda en manos, que el SNPP cuenta con un fondo de G. 88.000 millones, recurso con el cual podría costear los programas de formación hasta el mes de abril del año venidero.