El ex vicepresidente y ministro de Planifica­ción Nacional y Política Económica de la República de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, visitó el país para disertar sobre el control del financiamiento político y sus impactos en el desarrollo de la democracia. En entrevista con La Nación, sostuvo que forma parte del proyecto de financia­miento político impulsado por la USAID (Agencia de los Esta­dos Unidos para el Desarro­llo Internacional) y el Ceamso (Centro de Estudios Ambien­tales y Sociales).

Casas-Zamora realizó varias charlas sobre el financia­miento político, que estuvie­ron dirigidas a los sectores políticos, la sociedad civil y las autoridades que les com­pete el tema, como la Justicia Electoral.

-USAID, junto con el Ceamso, que es un centro de pensa­miento en Paraguay, ha venido dando una asistencia técnica en la que yo he estado invo­lucrado de alguna manera a fin de darle mayores capaci­dades a la autoridad electoral y a los partidos políticos para cumplir efectivamente con las regulaciones, sobre todo con el financiamiento político. Recordemos que en el 2012, aquí se aprobó una reforma a las reglas de financiamiento, que es, en términos gene­rales, positiva, ya que tiene cosas valiosas, pero existe todavía un déficit como exis­ten en otros países en térmi­nos de la aplicación efectiva de esa normativa. Ese es justa­mente el problema que ha ven­dido tratando de mitigar este proyecto de asistencia téc­nica. Yo, lo que vengo a tratar de colaborar para poner en el debate público es la importan­cia de que el financiamiento político sea discutido por el sistema político paraguayo como una parte importante sobre la calidad de la demo­cracia en el país.

-Ya se está aplicando. Ya se aplicó en las últimas eleccio­nes que recién pasaron. Hay varios elementos importantes que han sido resultado de este proyecto. Por un lado, la crea­ción del sistema nacional de financiamiento público, que es software que se desarrolló, se les dio a los partidos políticos y a la autoridad electoral, que permite reportar los ingresos y los gastos de los partidos de una forma estandarizada y ordenada, y en consecuencia permite a la autoridad electo­ral fiscalizar los ingresos y los egresos que hacen a los parti­dos mucho más eficaces. En segundo lugar, el observato­rio del financiamiento polí­tico, que está disponible desde hace más de un mes, que es una herramienta que le da acceso público a la ciudada­nía, a la prensa, a toda esa información que han pre­sentado los partidos políticos como reporte de sus ingresos y gastos. Además, se regla­mentó la ley que se había apro­bado en el 2012 y se creó en el seno de la autoridad electo­ral una unidad técnica encar­gada de fiscalizar el financia­miento de las campañas.

-Es un tema importante para la calidad de la democracia. El financiamiento de campañas es un quebradero de cabezas para todas las democracias, desde las más desarrolladas hasta las menos desarrolladas. Todas tienen que contender con este problema y ninguna democracia del mundo lo ha resuelto de manera completa y definitiva. El financiamiento de campañas puede generar muchas cosas, es una parte natural del funcionamiento de la democracia. La democracia no tiene precio, pero sí tiene costo de funcionamiento, pero al mismo tiempo puede gene­rar distorsiones muy impor­tantes, distorsiones que pue­den generar el papel del dinero en la política y graves iniquida­des electorales, puede gene­rar desigualdades en términos de la capacidad de diferentes personas y diferentes gru­pos para influir en la política pública y finalmente, y eso es lo que vemos con cierta regu­laridad en ciertos países, con­flicto de intereses muy serios en quienes deben tomar deci­siones públicas. Muchas veces esas decisiones públicas se ven comprometidas con las contri­buciones que recibieron en sus campañas electorales.

-Hay cosas que son fáciles de controlar y otras que son más difíciles de controlar. El sis­tema de reporte planteado, que está en este momento, obliga a los partidos a pre­sentar reportes, lo cual en sí mismo es muy importante e independientemente de la veracidad de la información que incluyan los partidos en el reporte. Porque queda una constancia, y al haber un documento en el que los par­tidos están reportando sus ingresos y gastos le permite a la prensa, a la ciudadanía y a las organizaciones de socie­dad civil interesarse en estos temas de trasparencia, ejercer una labor fiscalizadora. Donde no hay datos de cualquier tipo es imposible ejercer una labor fiscalizadora.

-En las campañas electora­les es muy importante que un número razonable de opcio­nes políticas tenga la posibi­lidad material de hacer llegar su mensaje hasta la ciudada­nía para que tome la decisión como considere. Pero si hay un desbalance muy grande entre la posibilidad de recursos eco­nómicos por parte de algunas campañas y de otras se crea una distorsión en la compe­tencia electoral, una distor­sión que no necesariamente determina un resultado elec­toral. Podemos traer una lista larga de casos en los que no necesariamente el que tenía más recursos económicos terminó ganando la elección, pero impacta.

-Esto está basado en una investigación que se realizó hace poco en Colombia, pero resultó muy interesante. El tema del financiamiento es uno que afecta en algu­nos sentidos de manera más intensa a las mujeres, es un obstáculo. Sin embargo, no es ni lejanamente el obstáculo más importante que enfren­tan las mujeres para acceder al poder político, parece que hay otros obstáculos muchos más profundos, más estructu­rales, más complejos de resol­ver, que tienen una incidencia mucho mayor; por ejemplo, el hecho de que socialmente en todos nuestros países recar­guemos de forma muy pesada las responsabilidades de cuido familiar en las mujeres. Las mujeres tienen que trabajar doble jornada, francamente, y en consecuencia si quieren participar activamente en la política tienen que tomar deci­siones muy difíciles.