La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo favorable al Estado paraguayo, que hace posible un millonario ahorro para el sector público en el caso de la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios que promovió la firma Cal Agro SA en el 2009 contra la Industria Nacional del Cemento (INC).
La Procuraduría General de la República emitió ayer un comunicado en el que afirma que la CSJ puso fin a un litigio entablado en el año 2009 por la firma Cal Agro SA contra la INC.
La demanda de Cal Agro SA se centró en que el contrato había sido incumplido por la INC, entre otras cosas a raíz de la falta de entrega del inmueble que constituía su objeto, lo que daría lugar a que se declare su resolución. Al mismo tiempo, se alegó que este incumplimiento determinó un supuesto daño a la empresa, que fue cuantificado en la absurda suma de poco más de G. 171 mil millones, monto sobre el cual se pidió además el pago de intereses y costas.
COIMA
Días pasados, el funcionario judicial Rafael Luis María Ramírez Doldán involucró al ministro Óscar Bajac, mencionando que es su relator. Ramírez fue detenido en la Plaza de la Justicia luego de recibir US$ 10.000 a cambio de una resolución favorable para la empresa Cal Agro SA.
El hombre fue grabado pidiendo coima a nombre de Bajac y el titular de la Corte, Raúl Torres Kirmser. Había solicitado US$ 50.000 al denunciante Felipe Nery Páez a cambio de conseguir los votos de los ministros de la Sala Civil de la CSJ a favor de la tramitación de un litigio.