- POR ALDO BENÍTEZ
- aldo.benitez@gruponacion.com.py
A principios de los 80, Ángel Fernández Ozuna tenía un pequeño taller de chapería y pintura en Capiatá. Fue consolidándolo y lo transformó en una metalúrgica. Para mediados del 2008, Metalúrgica Fernández ya era conocida en el sector, pero fue entonces que dio el gran salto; pasó a operar en bolsa, se convirtió en SA y desde entonces se convirtió en un gigante de la industria local. Ensambló sus propias marcas de motos, lanchas y hasta vehículos.
Pero la situación cambió a los pocos años. Desde antes del pedido de la convocatoria, el proceso iniciado por la Metalúrgica Fernández muestra situaciones llamativas. En ese sentido, el 6 de junio del 2013 se gestó una operación clave en todo el procedimiento. Ángel Fernández Ozuna, presidente del directorio, le pagó a su hijo Anyelo Paolo Fernández con bienes de la empresa por la compra de sus acciones. Un mes después, el 5 de julio, Metalúrgica Fernández llamó a concurso de acreedores en el Juzgado de Capiatá, alegando problemas económicos causados por la "crisis mundial". Este apenas fue el inicio de una serie de operaciones, maniobras, ocultamientos de números, cifras y otros, que tiene como protagonista a esta empresa y que dejó como víctimas a cientos de docentes indígenas, bancos y hasta operadores de bolsa.
Toda esta operación no podría haber sido posible sin el aval judicial. Metalúrgica Fernández encontró en el Juzgado de Capiatá a un "aliado" fundamental para poder llevar hasta hoy –a cuatro años de hacer el pedido– una convocatoria abierta de acreedores. Metalúrgica Fernández promovió la demanda de convocatoria de acreedores ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley.
Con una rapidez llamativa, el juez Saifildin Stanley hizo el reconocimiento judicial de la empresa ese mismo día –es decir, el 5 de julio– y apenas tres días después, el lunes 8 de agosto, el magistrado aceptó la solicitud de convocatoria. Según fuentes que manejan estos procedimientos, aceptar una convocatoria de acreedores el lunes siguiente al pedido, que se hizo el viernes anterior, es cuanto menos, una decisión exageradamente rápida.
A pesar de que la situación financiera de la metalúrgica a principios del 2013 ya era comprometida, el 19 de abril de ese año consiguió un documento de respaldo esencial. La firma consultora PKF Controller Contadores y Auditores emitió un dictamen en carácter de auditor externo. Esto obedecía a que la empresa operaba en bolsa y de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –ente que meses después sancionó a la metalúrgica–, el informe era un respaldo para que siga operando.
El dictamen de PKF Controller fue que Metalúrgica Fernández presentaba "razonablemente" sus estados financieros a diciembre del 2012. Tres meses después, la empresa hacía oficialmente su convocatoria de acreedores, invocando, entre otras cosas, dificultad para seguir manejándose por deficiencias económicas.
A este episodio, hay que sumarle el caso del síndico de Quiebras. Si bien en agosto del 2013 ya fue designado Camilo Benítez para tomar intervención, el profesional recién pudo acceder a los documentos y tomar real participación en el caso en abril del 2014. Es decir, 8 meses después. La Ley de Quiebras exige que el Juzgado a cargo otorgue inmediata intervención al síndico para determinar la situación financiera de la empresa y controlar que todo el proceso esté correcto. Para esa época, Metalúrgica Fernández ya soportaba su primera denuncia y que terminó en suspensión, por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Gustavo Ruiz fue el perito judicial que trabajó sobre esta convocatoria a pedido de la Sindicatura de Quiebras. Ruiz elaboró un extenso informe donde detalla todo tipo de anormalidades en la convocatoria de acreedores y en la presentación del balance financiero de la empresa. Abogados de diferentes acreedores se presentaron ante el juez Saifildin Stanley y solicitaron de forma urgente que el magistrado termine el proceso de convocatoria. Según la ley, un proceso de convocatoria no puede excederse más de 40 días. El de Metalúrgica Fernández lleva cuatro años. A pesar de ello, el hecho no llamó la atención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que hasta el momento no se pronunció al respecto.
LOS BANCOS
En el balance presentado por Metalúrgica Fernández para pedir la convocatoria figuran 11 bancos y financieras (ver infografía adjunta) que reclaman un total de G. 8.020 millones por préstamos. De esta lista, Banco Continental aparece también con un préstamo hipotecario por valor de G. 1.450 millones. El resto, son préstamos quirografarios, es decir, operaciones de crédito mediante las cuales la metalúrgica se compromete a reembolsar el dinero prestado –más los intereses– con la firma de pagarés.
Hasta mediados del año pasado, representantes jurídicos de algunas de estas entidades seguían insistiendo ante el juez de Capiatá, Saifildin Stanley, para que cierre el proceso o directamente se declare la quiebra de la empresa. Pero como en casi todos los casos, nunca tuvieron una respuesta favorable del magistrado.
COMPRADORES DE BONOS
El 8 de setiembre del 2016, el abogado Julián Vega Insfrán, en representación de dos de los compradores de bonos de la metalúrgica, exigió al juez Saifildin Stanley la declaración de quiebra de la empresa. En su escrito, Vega Insfrán rechaza un pedido que considera insólito que hace la defensa jurídica de la metalúrgica; la de declarar la caducidad de la demanda de sus defendidos –y además, la de todos los acreedores, menos la de Banco Amambay– porque supuestamente pasaron seis meses sin que se haya movido documentación alguna en el proceso judicial.
Además de estos dos defendidos por el abogado Vega, en la nómina de acreedores de corredores de bolsas o títulos aparecen decena de personas.
ACREEDORES MUY FAMILIARES
En la nómina de acreedores presentada por Metalúrgica Fernández aparecen Christian D. Adlan Storm, con un supuesto crédito a su favor de G. 570 millones, y Santiago Fernández Ozuna, que reclama un crédito de G. 250 millones. Adlan Storm es el yerno de Ángel Fernández Ozuna, propietario de la empresa. Además, figura como accionista de "Asia SA de Mandatos", la empresa que, un año después de la convocatoria de Metalúrgica Fernández, se formó y funciona prácticamente en el mismo inmueble. A su vez, Santiago Fernández Ozuna es el hermano de Ángel.
Ambos "acreedores" tienen como abogada a María Natalia Toledo Colmán, quien además ejerce la representación de otras 4 personas y de "acreedores varios": Jorge Luis Galeano, Jorge Ramón Acuña, Fernando Ariel Álvarez y César Sosonte Monges, cuyas deudas fueron reconocidas sin problemas por la metalúrgica a pesar de que no tenían fecha de emisión ninguno de los pagarés de reclamo.
La profesional Toledo Colmán es esposa de Javier Ramiro Figueredo Benítez, uno de los abogados de la metalúrgica y que firmó la demanda de convocación de acreedores en representación de la empresa. Es decir, la firma convocante, representada jurídicamente por Figueredo Benítez, reconoció la deuda de G. 5.182 millones a favor de 7 "acreedores" que están representados por su esposa, la abogada Toledo Colmán.
LA ESTAFA A MAESTROS
Metalúrgica Fernández figura además en una investigación fiscal en la que se sospecha de un esquema preparado para la estafa y engaño, según las denuncias de miles de docentes. María Victoria Villalba, directiva de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) en Villa Hayes, reconoció que solamente en la zona del Chaco hay como 500 o 700 docentes, todos ellos indígenas, que fueron estafados por Metalúrgica Fernández.
Los vendedores de estas empresas les hacían firmar autorizaciones de descuentos en blanco. Supuestamente, ellos se encargarían de "llenar" la documentación de acuerdo a la disponibilidad monetaria de cada educador. Sin embargo, a pocos meses de las transacciones, los docentes se quedaban sin nada en sus depósitos.
Actualmente, la fiscal Teresa Sosa investiga a Metalúrgica Fernández por presunta estafa, producción de documentos no auténticos y usura. El 3 de marzo de este año, la representante del Ministerio Público imputó a Ángel Fernández Ozuna por los mencionados cargos.
Victorina Páez Ortiz, una docente indígena de la escuela 3 de Agosto de la comunidad La Armonía, Chaco paraguayo, es una de las víctimas de este esquema. A Victorina le dejaron sin sueldo durante años. La despojaron de G. 30 millones. Pero ella todavía cree en la honestidad como valor humano y dice "quiero que esto sirva para que a otros docentes no vuelvan a engañarlos. A mí me dejaron sin nada durante muchos años".