- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Estados Unidos toma en serio (y muy bien por ellos que lo hagan) la injerencia extranjera en sus procesos políticos. En el año 2018 el Poder Ejecutivo americano, en ese momento liderado por Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13848, la misma versa sobre un asunto en el cual el Estado americano no permite margen de maniobra: la interferencia extranjera de otros gobiernos y funcionarios de los mismos en procesos, partidos, políticos, candidatos y campañas políticas.
En el 2022 el Homeland Security (similar a lo que sería nuestro Ministerio del Interior) emitió un informe que aborda el impacto de actividades y amenazas de gobiernos extranjeros y sus funcionarios a partidos políticos, candidatos o campañas en procesos políticos estadounidenses. El documento proporciona una descripción general desclasificada de los hallazgos de un informe conjunto clasificado del fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional que aborda el impacto de las actividades de los gobiernos extranjeros y sus agentes dirigidas a la infraestructura electoral o la infraestructura perteneciente a organizaciones políticas, candidatos o campañas utilizadas en las elecciones federales de EE. UU. de 2022 sobre la seguridad o integridad de dicha infraestructura. De conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13848, el informe conjunto se basó en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia.
En febrero de 2023, el Departamento de Justicia (DOJ), incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la Oficina de Inteligencia y Análisis (I&A) y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA), prepararon un informe conjunto clasificado para cumplir con el requisito de la Orden Ejecutiva 13848 de que el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional entreguen un informe conjunto al presidente, al secretario de Estado, al secretario del Tesoro y al secretario de Defensa que evalúe, con respecto a si ha ocurrido alguna interferencia extranjera y en qué medida la misma (de haber ocurrido) involucró actividades dirigidas a la infraestructura de, o pertenecientes a, una organización política, campaña, candidato o político estadounidense.
El informe, que tiene como destinatario al presidente estadounidense, emite conclusiones, recomendaciones y una serie de prohibiciones y sanciones ante la injerencia de gobiernos extranjeros y sus funcionarios en los partidos, políticos y procesos electorales de los Estados Unidos.
La Orden Ejecutiva 13848 del Poder Ejecutivo y estos informes oficiales de diversos ministerios, Ministerio Público y agencias estadounidenses realizan definiciones que son oportunas traer a colación. El término “interferencia extranjera”, incluye cualquier acción o intento de acción encubierta, fraudulenta, engañosa o ilegal de un gobierno extranjero, o de cualquier persona que actúe como agente de o en nombre de un gobierno extranjero, gobierno, emprendido con el propósito o efecto de influir, socavar la confianza o alterar el resultado o el resultado informado de la elección, o, y atención a esto: socavar la confianza pública en los procesos o instituciones electorales. El término “gobierno extranjero” significa cualquier autoridad gobernante nacional, estatal, provincial u otra autoridad gobernante, cualquier partido político o, y mucho ojo a esto: cualquier funcionario de cualquier autoridad gobernante o partido político, en cada caso de un país distinto de los Estados Unidos. Y el término “encubierto”, con respecto a una acción o intento de acción, significa caracterizado por una intención o intención aparente de que el papel de un gobierno extranjero no será evidente ni reconocido públicamente. Además, exponen una cantidad de prohibiciones y sanciones para quien las incumpla. Sin importar que sean extranjeros ni funcionarios de otros Estados y sobre los cuales se tengan sospechas de haber tenido injerencia en la política estadounidense.
Estados Unidos se preocupa por la injerencia de gobiernos extranjeros y sus funcionarios en los procesos políticos estadounidenses. Y está perfecto que así lo haga. Sin embargo, lo que está haciendo el embajador Ostfield en Paraguay hace ya casi dos años, es exactamente lo que leyes de su país prohíben y castigan de manera expresa. Dicho de otro modo, si se tratase del embajador o cualquier funcionario paraguayo en la delegación diplomática en Washington e hiciese lo mismo que hace Otsfield, ya estarían por lo menos siendo investigados.