• Por Felipe Goroso S.
• Columnista político

Estados Unidos toma en serio (y muy bien por ellos que lo hagan) la injerencia extranjera en sus procesos políticos. En el año 2018 el Poder Ejecutivo americano, en ese momento liderado por Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13848, la misma versa sobre un asunto en el cual el Estado americano no permite mar­gen de maniobra: la interfe­rencia extranjera de otros gobiernos y funcionarios de los mismos en procesos, par­tidos, políticos, candidatos y campañas políticas.

En el 2022 el Homeland Security (similar a lo que sería nuestro Ministerio del Interior) emitió un informe que aborda el impacto de actividades y amenazas de gobiernos extranjeros y sus funcionarios a partidos políticos, candidatos o cam­pañas en procesos políticos estadounidenses. El docu­mento proporciona una des­cripción general desclasifi­cada de los hallazgos de un informe conjunto clasificado del fiscal general y el secre­tario de Seguridad Nacional que aborda el impacto de las actividades de los gobiernos extranjeros y sus agentes dirigidas a la infraestructura electoral o la infraestructura perteneciente a organizacio­nes políticas, candidatos o campañas utilizadas en las elecciones federales de EE. UU. de 2022 sobre la segu­ridad o integridad de dicha infraestructura. De confor­midad con la Orden Ejecu­tiva (EO) 13848, el informe conjunto se basó en la Eva­luación de la Comunidad de Inteligencia.

En febrero de 2023, el Depar­tamento de Justicia (DOJ), incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la Oficina de Inteligencia y Análisis (I&A) y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA), prepararon un informe con­junto clasificado para cum­plir con el requisito de la Orden Ejecutiva 13848 de que el fiscal general y el secre­tario de Seguridad Nacional entreguen un informe con­junto al presidente, al secre­tario de Estado, al secreta­rio del Tesoro y al secretario de Defensa que evalúe, con respecto a si ha ocurrido alguna interferencia extran­jera y en qué medida la misma (de haber ocurrido) involu­cró actividades dirigidas a la infraestructura de, o perte­necientes a, una organización política, campaña, candidato o político estadounidense.

El informe, que tiene como destinatario al presidente estadounidense, emite con­clusiones, recomendaciones y una serie de prohibiciones y sanciones ante la injeren­cia de gobiernos extranje­ros y sus funcionarios en los partidos, políticos y proce­sos electorales de los Esta­dos Unidos.

La Orden Ejecutiva 13848 del Poder Ejecutivo y estos informes oficiales de diver­sos ministerios, Ministerio Público y agencias estadou­nidenses realizan definicio­nes que son oportunas traer a colación. El término “inter­ferencia extranjera”, incluye cualquier acción o intento de acción encubierta, frau­dulenta, engañosa o ilegal de un gobierno extranjero, o de cualquier persona que actúe como agente de o en nombre de un gobierno extranjero, gobierno, emprendido con el propósito o efecto de influir, socavar la confianza o alte­rar el resultado o el resultado informado de la elección, o, y atención a esto: socavar la confianza pública en los pro­cesos o instituciones electo­rales. El término “gobierno extranjero” significa cual­quier autoridad gobernante nacional, estatal, provincial u otra autoridad gobernante, cualquier partido político o, y mucho ojo a esto: cual­quier funcionario de cual­quier autoridad gobernante o partido político, en cada caso de un país distinto de los Estados Unidos. Y el tér­mino “encubierto”, con res­pecto a una acción o intento de acción, significa caracte­rizado por una intención o intención aparente de que el papel de un gobierno extran­jero no será evidente ni reco­nocido públicamente. Ade­más, exponen una cantidad de prohibiciones y sanciones para quien las incumpla. Sin importar que sean extranje­ros ni funcionarios de otros Estados y sobre los cuales se tengan sospechas de haber tenido injerencia en la polí­tica estadounidense.

Estados Unidos se preocupa por la injerencia de gobier­nos extranjeros y sus fun­cionarios en los procesos políticos estadounidenses. Y está perfecto que así lo haga. Sin embargo, lo que está haciendo el embajador Ostfield en Paraguay hace ya casi dos años, es exac­tamente lo que leyes de su país prohíben y castigan de manera expresa. Dicho de otro modo, si se tratase del embajador o cualquier funcionario paraguayo en la delegación diplomática en Washington e hiciese lo mismo que hace Otsfield, ya estarían por lo menos siendo investigados.