- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Está en ciernes una operación político-mediática de la que aún se está hablando muy poco en público. La misma se enmarca dentro de esta narrativa del apriete que peligrosamente está llevando la actual conducción del PLRA que pretende expulsar a cuatro senadores nacionales electos por votar a favor de la pérdida de investidura de la exsenadora del Encuentro Nacional Kattya González. Los congresistas a los cuales el efrainismo 2.0 pretende coaccionar en su legítimo derecho de votar en el sentido que mejor les parezca a su buen saber y entender y preservando las garantías que les da la Constitución Nacional de que no le sean impuesto ningún mandato imperativo son Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera, Dionisio Amarilla y Édgar López.
Pero la coacción no se agota en los cuatro senadores mencionados, ahora han decidido doblar la apuesta y alcanzar a la mismísima justicia, en este caso en su ámbito electoral. El oficialismo partidario azul, a través de una de sus voceras principales, la senadora Celeste Amarilla, anuncia la presentación de una denuncia formal por prevaricato contra el Tribunal Electoral Segunda Sala de Capital. Las víctimas de esta nueva persecución son los jueces Teresita Clotilde Martínez, Miriam Cristal y Santiago González. Los mismos tuvieron el coraje y osadía de hacer su trabajo y sencillamente disponer una medida cautelar de urgencia y reponer en su condición de afiliados a los cuatro congresistas luego de que el Directorio liberal ya haya decidido su expulsión, medida que solamente puede dictaminar la máxima instancia partidaria como es una Convención.
La narrativa del apriete dice que el caso mencionado es idéntico al del exafiliado del Partido Colorado, Gerardo Soria. Sin embargo, omite mencionar que para que existan demandas idénticas debe haber identidad de sujetos, objeto y causa. Al hablar de sujetos no necesariamente tienen que ser las mismas personas, eso se entiende. Al decir objeto, habla que es sobre lo que se realiza la acción (en este caso, podría haber identidad de objeto, pero es dudoso), y causa es en lo que se funda la demanda y la acción, los fundamentos de la demanda tienen que ser iguales. Eso no existe en las dos causas a las que hacen referencia, son fundamentos distintos. En el caso de Soria el Tribunal de Conducta le hizo un proceso dentro de lo que prevé el estatuto partidario, por violación a ciertos artículos de dicho estatuto, y le dieron derecho a la defensa, se siguieron los plazos procesales y luego se le dio la máxima sanción. Soria accionó ante el mismo tribunal diciendo que el mandato del Tribunal de Conducta de la ANR estaba vencido y no debía juzgarlo, además que se violaron garantías de su debido proceso.
El caso de los liberales es totalmente distinto. En una tarde el Directorio decidió expulsarlos, excluirlos del padrón, pero su estatuto prevé que necesariamente el requisito de la expulsión debe darse en una Convención. Los expulsan por incumplir un mandato imperativo (que está prohibido constitucionalmente) de que votaron a favor de la pérdida de investidura de una senadora. Obviamente, ellos accionan y piden como medida cautelar ser repuestos en el padrón, circunstancia que el Tribunal Electoral consideró y acogió favorable la medida cautelar, que es diferente a la solicitada por los actores y es solo provisoria. No han sido reintegrados al padrón, dictaron una medida cautelar distinta que es no innovar en relación al padrón. No se ordena la restitución como ellos mal dicen, sino que se da una medida cautelar (que siempre es provisoria) a las resultas del juicio. Es decir, el tribunal después podría resolver en contra de los accionantes, como varias veces se hizo.
El new efrainismo habla de un supuesto precaricato y mezcla las ideas. Por un lado, compara un caso que no es similar (desde el punto estrictamente jurídico y porque las causales son diferentes, entonces no se da el requisito de identidad de sujeto, objeto y causa). Puede causarle agravio la resolución al Partido Liberal, pero tiene los mecanismos para presentarse en el juicio, apelar la medida cautelar, ya que existe una doble instancia de revisión y luego contestar la demanda normalmente. En el caso Soria, hay que destacar que los dictámenes del Ministerio Público también fueron contrarios a sus pretensiones, y si bien no son vinculantes, son importantes en el proceso. La medida cautelar en el caso Soria fue confirmada por el Tribunal Superior y hoy está en apelación para que el Tribunal Superior atienda el recurso de apelación planteado.
En el caso de los liberales, ni siquiera se trabó la litis, recién podrían apelar y luego contestar la demanda, por lo que adelantarse y hablar de prevaricato es muy grave, más aún cuando el Tribunal Electoral todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Las medidas cautelares tienen la característica de ser accesorias al juicio principal y son provisorios hasta que se defina el fondo de la cuestión.
Lo peligroso del tema es justamente querer comparar y hacer ver a la gente que los casos son idénticos. Al ser los motivos (fundamentos) de la acción totalmente diferentes, es decir la causa, no se puede hablar de casos idénticos.
Una vez agotadas las instancias y al sentirse agraviados podrán incidentar, apelar, recusar, pero llevar el análisis o el supuesto agravio a la línea de denunciar por prevaricato a magistrados que todavía siquiera se han referido al fondo de la cuestión puede considerarse un amedrentamiento o coacción a los mismos, haciendo un análisis o una interpretación que finalmente no tiene rigor jurídico.
La Fiscalía General de la República debería analizar con rigor el trámite de una eventual denuncia de este tipo, o el fiscal que tome la misma analizarla con sumo cuidado, a fin de no desvirtuar el tipo penal de prevaricato, más aún en un caso donde todavía no se ha resuelto el fondo de la cuestión, y que tiene muchos recursos de las partes para ser interpuestos si considerasen.
Finalmente, ellos dicen que esos 4 senadores son cartistas, pero es una apreciación meramente subjetiva, entonces no tiene rigor jurídico. Pero ellos, en su narrativa de apriete, pretenden que ese adjetivo se vuelva sinónimo de delito.
La narrativa del apriete dice que el caso mencionado es idéntico al del exafiliado del Partido Colorado, Gerardo Soria. Sin embargo, omite mencionar que para que existan demandas idénticas debe haber identidad de sujetos, objeto y causa.
En el caso de los liberales, ni siquiera se trabó la litis, recién podrían apelar y luego contestar la demanda, por lo que adelantarse y hablar de prevaricato es muy grave, más aún cuando el Tribunal Electoral todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión.