• Por Felipe Goroso S.
• Columnista político

Está en ciernes una operación políti­co-mediática de la que aún se está hablando muy poco en público. La misma se enmarca dentro de esta narrativa del apriete que peli­grosamente está llevando la actual conducción del PLRA que pretende expulsar a cua­tro senadores nacionales electos por votar a favor de la pérdida de investidura de la exsenadora del Encuentro Nacional Kattya González. Los congresistas a los cuales el efrainismo 2.0 pretende coaccionar en su legítimo derecho de votar en el sen­tido que mejor les parezca a su buen saber y entender y pre­servando las garantías que les da la Constitución Nacional de que no le sean impuesto ningún mandato imperativo son Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera, Dionisio Amarilla y Édgar López.

Pero la coacción no se agota en los cuatro senadores men­cionados, ahora han decidido doblar la apuesta y alcanzar a la mismísima justicia, en este caso en su ámbito elec­toral. El oficialismo parti­dario azul, a través de una de sus voceras principales, la senadora Celeste Amari­lla, anuncia la presentación de una denuncia formal por prevaricato contra el Tribu­nal Electoral Segunda Sala de Capital. Las víctimas de esta nueva persecución son los jueces Teresita Clotilde Martínez, Miriam Cristal y Santiago González. Los mismos tuvieron el coraje y osadía de hacer su trabajo y sencillamente disponer una medida cautelar de urgencia y reponer en su condición de afiliados a los cuatro congre­sistas luego de que el Directo­rio liberal ya haya decidido su expulsión, medida que sola­mente puede dictaminar la máxima instancia partida­ria como es una Convención.

La narrativa del apriete dice que el caso mencionado es idéntico al del exafiliado del Partido Colorado, Gerardo Soria. Sin embargo, omite mencionar que para que existan demandas idénti­cas debe haber identidad de sujetos, objeto y causa. Al hablar de sujetos no nece­sariamente tienen que ser las mismas personas, eso se entiende. Al decir objeto, habla que es sobre lo que se realiza la acción (en este caso, podría haber identidad de objeto, pero es dudoso), y causa es en lo que se funda la demanda y la acción, los fundamentos de la demanda tienen que ser iguales. Eso no existe en las dos causas a las que hacen referencia, son fundamentos distintos. En el caso de Soria el Tribunal de Conducta le hizo un pro­ceso dentro de lo que prevé el estatuto partidario, por violación a ciertos artículos de dicho estatuto, y le die­ron derecho a la defensa, se siguieron los plazos procesa­les y luego se le dio la máxima sanción. Soria accionó ante el mismo tribunal diciendo que el mandato del Tribu­nal de Conducta de la ANR estaba vencido y no debía juzgarlo, además que se vio­laron garantías de su debido proceso.

El caso de los liberales es totalmente distinto. En una tarde el Directorio decidió expulsarlos, excluirlos del padrón, pero su estatuto prevé que necesariamente el requisito de la expulsión debe darse en una Con­vención. Los expulsan por incumplir un mandato imperativo (que está prohi­bido constitucionalmente) de que votaron a favor de la pérdida de investidura de una senadora. Obviamente, ellos accionan y piden como medida cautelar ser repues­tos en el padrón, circunstan­cia que el Tribunal Electoral consideró y acogió favorable la medida cautelar, que es diferente a la solicitada por los actores y es solo proviso­ria. No han sido reintegra­dos al padrón, dictaron una medida cautelar distinta que es no innovar en relación al padrón. No se ordena la resti­tución como ellos mal dicen, sino que se da una medida cautelar (que siempre es provisoria) a las resultas del juicio. Es decir, el tribu­nal después podría resolver en contra de los accionantes, como varias veces se hizo.

El new efrainismo habla de un supuesto precaricato y mezcla las ideas. Por un lado, compara un caso que no es similar (desde el punto estrictamente jurídico y por­que las causales son dife­rentes, entonces no se da el requisito de identidad de sujeto, objeto y causa). Puede causarle agravio la resolu­ción al Partido Liberal, pero tiene los mecanismos para presentarse en el juicio, ape­lar la medida cautelar, ya que existe una doble instancia de revisión y luego contestar la demanda normalmente. En el caso Soria, hay que desta­car que los dictámenes del Ministerio Público también fueron contrarios a sus pre­tensiones, y si bien no son vinculantes, son importan­tes en el proceso. La medida cautelar en el caso Soria fue confirmada por el Tribunal Superior y hoy está en ape­lación para que el Tribunal Superior atienda el recurso de apelación planteado.

En el caso de los liberales, ni siquiera se trabó la litis, recién podrían apelar y luego contestar la demanda, por lo que adelantarse y hablar de prevaricato es muy grave, más aún cuando el Tribunal Electoral todavía no se expi­dió sobre el fondo de la cues­tión. Las medidas cautelares tienen la característica de ser accesorias al juicio principal y son provisorios hasta que se defina el fondo de la cuestión.

Lo peligroso del tema es jus­tamente querer comparar y hacer ver a la gente que los casos son idénticos. Al ser los motivos (fundamentos) de la acción totalmente diferentes, es decir la causa, no se puede hablar de casos idénticos.

Una vez agotadas las instan­cias y al sentirse agraviados podrán incidentar, apelar, recusar, pero llevar el análi­sis o el supuesto agravio a la línea de denunciar por pre­varicato a magistrados que todavía siquiera se han refe­rido al fondo de la cuestión puede considerarse un ame­drentamiento o coacción a los mismos, haciendo un análi­sis o una interpretación que finalmente no tiene rigor jurídico.

La Fiscalía General de la Repú­blica debería analizar con rigor el trámite de una even­tual denuncia de este tipo, o el fiscal que tome la misma analizarla con sumo cuidado, a fin de no desvirtuar el tipo penal de prevaricato, más aún en un caso donde todavía no se ha resuelto el fondo de la cuestión, y que tiene muchos recursos de las partes para ser interpuestos si considerasen.

Finalmente, ellos dicen que esos 4 senadores son car­tistas, pero es una aprecia­ción meramente subjetiva, entonces no tiene rigor jurí­dico. Pero ellos, en su narra­tiva de apriete, pretenden que ese adjetivo se vuelva sinó­nimo de delito.

La narrativa del apriete dice que el caso mencionado es idéntico al del exafiliado del Partido Colorado, Gerardo Soria. Sin embargo, omite mencionar que para que existan demandas idénticas debe haber identidad de sujetos, objeto y causa.

En el caso de los liberales, ni siquiera se trabó la litis, recién podrían apelar y luego contestar la demanda, por lo que adelantarse y hablar de prevaricato es muy grave, más aún cuando el Tribunal Electoral todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión.