En llamativa coincidencia con la fecha en que se anunciaba la reunión de la Junta de Gobierno de la ANR, recibiendo en su recinto al presidente de la República, Santiago Peña, luego de la victoria electoral del pasado 30 de abril, se filtró a los medios de comunicación un documento supuestamente atribuible a un organismo de los Estados Unidos, en el que se planteaba una hoja de ruta de intervención en diversas instituciones públicas del Paraguay, fundamentalmente en aquellas destinadas a Justicia y control público.
El acontecimiento cobró explosiva notoriedad por el tono de la nota, con expresiones habitualmente correspondientes a las comunicaciones emitidas desde la Embajada de los Estados Unidos.
Mas allá de las alusiones a Horacio Cartes, cuestionado precedentemente por la embajada, lo llamativo y que subió el tono de la “filtración” fue la mención en varios tramos al mismísimo presidente de la República, Santiago Peña Palacios.
Ello motivó, como sucedería en cualquier país que reivindica su independencia en el mundo, la convocatoria a reunión en la sede de la Cancillería del representante diplomático de los Estados Unidos, quien al concluir la reunión evidenció que no admitían ni desmentían el documento en tanto manifestó que no comentaban las filtraciones.
Si bien no hubo comentarios por parte de la Cancillería paraguaya, calificando el descargo del embajador, tal posición ambigua dejó flotando la duda sobre la veracidad del documento y su origen.
Desde el momento en que se menciona al presidente de una nación en un documento que una embajada –no importa cuál– no admite ni desmiente es un hecho que llama la atención, al tratarse, como es, el presidente de la República, en este caso Santiago Peña, el depositario de la soberanía popular expresada en votos en las últimas elecciones.
Se puede entender las prerrogativas de los distintos países al respecto de la defensa de sus intereses, pero la alusión a la figura presidencial en un comunicado que no se afirma ni se desmiente deja cierto tono inquietante en lo que se califica como una rica relación de amistad entre ambos países y sus respectivos Gobiernos.
Dejanos tu comentario
Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
Dejanos tu comentario
Presidente argentino regresó de urgencia desde Estados Unidos por ataque a Israel
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
El presidente Javier Milei está de regreso en la Argentina luego de una visita privada a los Estados Unidos. El regreso del jefe de Estado que arribó desde Miami en las primeras horas de la noche local fue “de urgencia” como consecuencia del incremento de las tensiones en Oriente Medio, luego de que Irán atacara a Israel con drones y misiles cerca de las 16.30, hora de Buenos Aires.
Previo a su partida el señor Milei se reunió en el estado de La Florida con la comunidad judía Jabad Lubavitch que lo condecoró y designó como “embajador internacional de la luz” y, posteriormente, en Houston, Texas, visitó al empresario Elon Musk en la sede de la empresa que lidera donde pudo conducir un automóvil eléctrico Tesla que allí se produce.
Sin embargo, la travesía presidencial –”por decisión del jefe de Estado”, según dos fuentes gubernamentales comentaron a La Nación– se suspendió de inmediato cuando se supo del ataque iraní, a la vez del cierre del espacio aéreo en numerosos países en el Oriente Medio, de la reunión inmediata del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la declaración de máxima alerta por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por las eventuales repercusiones que aquella situación pudiera tener en la Argentina que, a través de una sentencia judicial, declaró la semana que pasó a Irán como “estado terrorista” y los responsabilizó de los ataques que en 1992 y 1994 ese país concretó respectivamente contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que produjeron más de 130 muertes y medio millar de personas heridas.
De hecho, luego de conocida esa sentencia que emitió la Cámara Federal de Casación Penal, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich –que se encontraba en misión oficial en los Estados Unidos– ordenó que se incremente la seguridad sobre diversos “objetivos sensibles” y trascendió que también analizan la situación expertos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La abrupta alteración de la agenda presidencial le impidió viajar a Dinamarca donde el presidente Milei habría de firmar la compra de 34 aviones de combate F-16 a ese país con sus correspondientes sistemas de armas por un monto de aproximadamente USD 650 millones cuya adquisición hacía iniciado la administración del expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidenta Cristina Fernández, entre 2019 y 2023.
Pese a ello, la operación continúa encabezada por el ministro argentino de Defensa, Luis Petri, quien tendrá a su cargo supervisar la operación comercial para adquirir las aeronaves y firmar la documentación correspondiente para que comience el reequipamiento de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) antes de que finalice el presente año.
Según se supo, desde Copenhague el jefe civil de la defensa viajará a Bélgica y Noruega. En Oslo, Petri avanzará para acelerar la entrega de los aviones de reconocimiento marítimo P-3 –también la administración anterior– especialmente para el control de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZZE) del Atlántico Sur donde la Argentina ejerce su soberanía.
Asimismo, en Bruselas, el objetivo que tiene el ministro Petri por indicación presidencial es el de solicitar al secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reconozca nuevamente a este país como “aliado global” o “gran aliado extra-OTAN”, que recibió en 1997 por gestión del expresidente norteamericano Bill Clinton (1993-2001) que agradeció con aquella categorización al expresidente Carlos Menem (1989-1999) luego de que el mandatario adhiriera a la guerra del Golfo en 1991 y, para apoyar aquella operación militar con la que se derrocó al dictador Saddam Hussein, envió dos fragatas misilísticas y 450 marinos que se incorporaron a las fuerza aliadas.
Dos fuentes gubernamentales precisaron que “la gestión puede demorarse unos 24 meses hasta que se vuelve a adjudicar ese estatus que permitiría que soldados argentinos se adiestren junto con tropas de la OTAN y que participen de operaciones conjuntas”.
En cuanto a la política doméstica, el jueves de la semana pasada informó el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se expandió 11 % en marzo pasado, lo que en la mensura interanual da cuenta que en los últimos doce meses la inflación es de 287,9 % y en lo que corre del presente año se ubica en 51,6 %.
Dejanos tu comentario
Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quienes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
Dejanos tu comentario
Destacan avances en la supervisión
La Superintendencia de Valores (SV) calificó como avances significativos la regulación y supervisión del mercado de valores durante su primer semestre de gestión, catalogado como un progreso, desde su incorporación al Banco Central del Paraguay (BCP).
Respecto a las acciones ya ejecutadas, resalta el Plan Único de Cuentas, que garantiza la consistencia en la presentación de estados financieros y unifica su interpretación, lo cual era una necesidad sustancial para el análisis del supervisor, de modo tal que el público en general pueda contar con información precisa sobre el mercado de valores. El fortalecimiento y mejora de los sistemas de información del mercado de valores es otro logro, con la remisión estandarizada de Estados Financieros.
“La estandarización en los reportes asegura la disponibilidad oportuna de datos relevantes para la toma de decisiones informadas, y facilita la interpretación y compilación de la información financiera”, destaca.