• Por Josías Enciso Romero

Hace días nomás, exactamente el 24 de marzo, se recor­daba el trágico aniversario del golpe militar perpetrado en la Argentina en 1976, derro­cando a la presidenta consti­tucional María Estela Mar­tínez de Perón. Se iniciaba así el Proceso de Reorgani­zación Nacional, encabe­zado por el teniente gene­ral Jorge Rafael Videla, que consumó las más brutales atrocidades e inimaginables actos de tortura, cuyo saldo de luto fue de 30.000 asesi­nados y desaparecidos. El operativo tuvo el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos –relata el diario Cla­rín en su edición del 23 de este mes– y formaba parte del Plan Cóndor firmado en Santiago de Chile el 28 de noviembre de 1975 por los regímenes de los países del Cono Sur. El documento explicaba la necesidad de profundizar “los contactos bilaterales y multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el inter­cambio de información sub­versiva”. Lo que terminó en intercambio ilegal de prisio­neros, conforme pudo cons­tarse años después en nues­tros Archivos del Terror. El paraguayo e integrante del Movimiento Popular Colo­rado (Mopoco), doctor Agus­tín Goiburú, figura entre las víctimas de este deleznable objetivo. Sin embargo, allá en el Norte, el 20 de enero de 1977 asume la presidencia de la República Jimmy Carter, presionando fuertemente a América Latina con su polí­tica de defensa de los derechos humanos. Como primera medida, determina reducir la “ayuda militar a la Argen­tina”. El 1 de marzo, el dia­rio Abc Color publica a gran­des titulares, con una foto de Videla: “Argentina acusa a EEUU de intromisión en sus asuntos internos”.

El 4 del mismo mes, durante una visita oficial a Perú, Videla propone mayores esfuer­zos “que integren a América Latina”. Ese mismo día, Abc también recoge las declara­ciones del comandante en Jefe de la Marina y miembro de la Junta Militar, almirante Emi­lio Massera: “No vamos a tole­rar intromisiones en nuestros problemas internos”. Y añade: “Este espíritu nacional, incul­cado por José de San Martín y por Guillermo Brown, es el que heredaron las Fuerzas Armadas. Por eso, hoy, con la misma viril firmeza, la Repú­blica no permitirá que ningún gobierno, de ningún país, por poderoso que fuere, intente erigirse en juez castigador”. La República, en realidad, estaba sepultada bajo las botas de los bárbaros. El origen de la “viril protesta” fue la reducción de la ayuda militar por parte de los Estados Unidos de 36 a 15 millones de dólares por “vio­lación de los derechos huma­nos”. En abril de 1977, el citado diario celebraba la “reiterada agenda en el diálogo Stroess­ner-Videla”. El dictador argen­tino fue “declarado huésped oficial por el Gobierno Nacio­nal y fue objeto de múltiples atenciones por el presidente Stroessner”.

El entonces director del dia­rio Abc Color, Aldo Zuccolillo, no estaba satisfecho con infor­mar solamente, también que­ría opinar respecto de las deci­siones del presidente Jimmy Carter a favor de la defensa de los derechos humanos. Y así lo hizo en un editorial del mismo 4 de marzo de 1977. ¿El título? “Es fácil pontificar lejos del problema”. Veamos: “Hay por lo pronto dos aspectos en la modalidad adoptada por Carter que parecen objetables. En primer término, la impre­sión que suscita su acción hasta el presente, de que ella está siempre sujeta a discri­minaciones que no tienen más base o razón que ciertos particulares intereses políti­cos de los Estados Unidos. La defensa de los derechos huma­nos es así intentada con fuerza en algunos países, pero casi no se menciona el tema respecto de otros. En segundo lugar, las iniciativas que hasta ahora ha señalado la administración Carter parecen descuidar –o tal vez ignorar deliberada­mente– una diferencia que parecería necesaria”.

Y sigue: “Hay ciertos países, en efecto, donde no todos los derechos humanos tienen el reconocimiento y el amparo que debieran, pero en los que tal situación no es ni puede ser definitiva, porque en ellos en verdad no se la desea. Estos son países de profundo sentido cívico, de gran amor a la libertad y al derecho. Los acontecimientos pueden haberlos modificado transi­toriamente en la superficie, pero por lo profundo siguen fieles a su fundamental voca­ción libertaria, conservan su apego a las instituciones de la democracia, el afán de per­feccionar su convivencia y de ser, en todo sentido, auténti­cos ‘Estados de derecho’. En otros Estados, en cambio, la situación es harto distinta. El mal tiene en ellos raíces ins­titucionales porque los dere­chos del hombre son negados por el sistema y como parte esencial del sistema que en ellos impera”. Y aquí viene lo esperado: “La República Argentina puede ser consi­derada como un buen ejem­plo de lo primero. Admite su gobierno y su pueblo mismo que actualmente están res­tringidas ciertas libertades y conculcados en ocasio­nes algunos de los derechos humanos, pero la tendencia general de ese país, la aspira­ción final de los argentinos, incluidos sus gobernantes, mira a superar ese estado de cosas, a restablecer la nor­malidad absoluta tan pronto como sea posible”. No habría que repetir –pero es necesario hacerlo– que, en esos momen­tos, estaban en “plena vigen­cia” los secuestros, las tortu­ras, incluso a embarazadas, los niños entregados a los asesi­nos de sus padres, violaciones y violentados hasta morir en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otros cen­tros clandestinos de detencio­nes. Hechos que, para Abc y su director, no eran sino “restric­ciones de ciertas libertades”.

“Mientras una nación con­serve vivas tales aspiracio­nes, difícilmente se la podrá catalogar entre las enemigas declaradas de los derechos humanos (sí, amable lector, leyó bien). En todo caso, a ese juicio no se puede llegar sin realizar primero un sincero esfuerzo para ubicarse en sus circunstancias y pensar, con justicia, y sin pasión, qué haría uno mismo en su lugar”. No se diga más.

El 1 de marzo, el diario Abc Color publica a grandes titulares, con una foto de Videla: “Argentina acusa a EEUU de intromisión en sus asuntos internos”.

Abc también recoge las declaraciones del comandante en Jefe de la Marina y miembro de la Junta Militar, almirante Emilio Massera: “No vamos a tolerar intromisiones en nuestros problemas internos”.