El nuevo acto de sica­riato sucedido el sábado de tarde, a plena luz del día y en el esta­cionamiento abierto de un supermercado sobre la calle España en el corazón de una de las zona más tradiciona­les de Asunción, conmo­cionó a todo el país. Incluso a aquellos que cuando se planteó el juicio político al anterior ministro del Inte­rior luego de que el mismo haya sido pillado usando el auto de un jefe narco del Bra­sil con quien había mante­nido prolíficos contactos e incluso reuniones públicas para encaminar un even­tual contrato para proveer al ministerio de elementos seguridad. El mundo del revés.

Gremios como el de la Cámara Paraguaya de Super­mercados y la Unión de Gre­mios de la Producción emi­tieron sendos comunicados con tonos igualmente graves al respecto del suceso. Esto último probablemente sea uno de nuestros principa­les desafíos como sociedad; asumir que el sicariato ya es un hecho cada vez más fre­cuente sin importar zonas, ciudades, supermercados, conciertos, bares, restau­rantes, parques, canchas de deportes. Donde sea y a la hora que los sicarios y sus contratantes decidan. Ser conscientes de la gra­vedad del problema que se tiene es el primer paso para buscar soluciones. Pasa que hasta los sicarios olfatean la debilidad de la estruc­tura que debería garanti­zarnos la seguridad: la Poli­cía Nacional, el Ministerio del Interior y la Secreta­ría de Inteligencia, solo por citar algunas. En las últi­mas semanas, Orlando Aré­valo, candidato a diputado por el departamento Central (uno de los más golpeados por la inseguridad), plan­teó que las Fuerzas Arma­das se sumen a las fuerzas de seguridad interna por la vía de la enmienda constitucio­nal. La propuesta en ningún momento fue recogida por los militares, quienes bien harían en salir un poco de la burbuja en la que están y, al menos, evaluar cuestiones similares. Puede decirse que la iniciativa es insuficiente si no viene acompañada de reformas en la institución policial, pero lo que nadie puede dudar es que así como estamos no podemos seguir.

Los propios voceros de la Policía Nacional admiten lo permeada que está la institución en lo que hace a la corrupción que impera entre un porcentaje desco­nocido de los integrantes de la fuerza. También admiten que los controles al respecto de la salud mental, adiccio­nes y el patrimonio de los oficiales de la Policía son absolutamente insuficien­tes y no están acorde a los nuevos tiempos ni a la velo­cidad con la que se desarro­lla el crimen organizado.

La inseguridad es, sin duda, uno de los principales temas de la agenda del próximo gobierno en Paraguay. La cuestión es que para que eso suceda en agosto de este año, todavía faltan seis lar­gos meses. Eso en materia de inseguridad y con base en los números que esta­mos viendo en los diferentes delitos es una eterni­dad. Mientras tanto, ¿qué nos queda por hacer los ciu­dadanos? En este país que está tan dado vueltas que si le llevás a un ladrón hasta la puerta de la Fiscalía, termi­nás denunciado por tortura y violación de los derechos humanos. Mientras tanto, ni al súper podemos ir seguros.

Los propios voceros de la Policía Nacional admiten lo permeada que está la institución en lo que hace a la corrupción que impera entre un porcentaje desconocido de los integrantes de la fuerza.

La inseguridad es, sin duda, uno de los principales temas de la agenda del próximo gobierno en Paraguay. La cuestión es que para que eso suceda en agosto de este año, todavía faltan seis largos meses.