Ayer la Cámara de Diputados al fin votó por el juicio político. No alcanzaron los votos que requiere la Constitución Nacional, 53 eran los necesarios. El sector que estaba a favor del juicio político alcanzó apenas 15 votos, les faltó 38 votos, de los cuales 34 se habían retirado de la sesión minutos antes. Hubo 3 abstenciones y 28 votos en contra, los necesarios para trabar la iniciativa.

Ríos de tinta podrán usarse para explicar lo que pasó. Sin embargo, podría resumirse en una sola palabra: hartazgo. Amplios sectores de la oposición que apoyaban el juicio político y que efectivamente votaron a favor, así como les ordenó el tribunal de inquisición de la Concertación, en una abierta violación a la Constitución, ya habían manifestado en privado y también en público su hartazgo a la estrategia propuesta de extender por semanas o incluso meses el tratamiento del libelo acusatorio hasta asegurar los votos necesarios.

El sector que acompañaba y que ayer votó a favor, cayó en la cuenta de que estaba siendo utilizado por el otro sector que también se mostraba a favor, pero que inició el proceso sin tener una garantía sobre la real intención de votos y sobre todo que al darse cuenta de que no tenía la mayoría suficiente, nunca supo apearse de sus intenciones y asumió que los demás iban a acompañar a ciegas y sin ningún tipo de límites, aceptando buenamente ser furgón de cola de los voceros principales. Se dieron cuenta que esas figuras principales como son Kattya, Celeste, Villarejo, Buzarquis y Eusebio Alvarenga eran los únicos que estaban sacando rédito de esta crisis. Rédito político, sin duda, no sea mal pensado.

Decir que los que se quedaron en la sala de sesiones lo hicieron por “cartistas”, es un infantil facilismo para minimizar la cada vez más profunda grieta que tiene la oposición. Un condimento no menor es la casi confirmada dupla que eligió Efraín como precandidata a vicepresidente, Soledad Núñez. El hecho dinamitó aún más la ya de por sí maltrecha interna del PLRA. Los 18 votos del PLRA son una señal clara para quien quiera entender.

La institución del juicio político es demasiado importante como para que sea tratado cada tres meses (lo cual de hecho es ilegal) y para que además sea presentado sin asegurar con la debida antelación tener los votos suficientes. A esto hay que agregarle la actitud de algunos diputados de creer que sus colegas son simples soldados de menor rango, cuando que en realidad son sus pares.

Estos son apenas algunos elementos (no todos) de por qué ayer el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se acabó.

Decir que los que se quedaron en la sala de sesiones lo hicieron por “cartistas”, es un infantil facilismo para minimizar la cada vez más profunda grieta que tiene la oposición.

Ríos de tinta podrán usarse para explicar lo que pasó. Sin embargo, podría resumirse en una sola palabra: hartazgo.