En estos momentos, lo único seguro es la inseguridad a que nos sometió un gobierno incapaz, averiado y pusilánime, que dejó libre el campo de batalla al crimen organizado. Las autoridades no pueden argumentar que fue un ataque sorpresivo, que los tomó con la guardia baja. No, hubo varias campanas de preavisos, pero los responsables de manejar las instituciones del Estado prefirieron seguir jodiendo con bravuconadas proselitistas, creando enemigos inexistentes para desviar la atención de sus incompetencias, jactándose de logros que el futuro se encargará de desmentir. La sociedad hoy se encuentra desguarnecida. Blanco fácil de asesinos de diferentes calibres.
Antes del cobarde atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (quien se encuentra en estado crítico), del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en sendos editoriales de inicios de esta semana exhortábamos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a que se disponga a gobernar, aunque sea en el último tramo de su mandato. Sin embargo, manteníamos nuestras reservas en materia de seguridad, de visible fracaso, porque el mandatario siguió apostando por las improvisaciones, como el nombramiento de Federico González al frente del Ministerio del Interior. Su designación, decíamos, hacía desvanecer cualquier expectativa de cambio. Y cifrábamos nuestras esperanzas en que el nuevo gobierno que asuma el 15 de agosto del 2023 pudiera encarar la seguridad como una estrategia prioritaria, seria y aplicable desde una concepción de política de Estado. Pero hoy debemos rectificarnos: Ya no podemos esperar más. Los sicarios no dan tregua. Mientras, el Gobierno se declara en permanente silencio. Algo deben hacer o se van. Y si lo mejor que pueden hacer es irse, váyanse.
“Arnaldo Giuzzio, hablamos, te dije que necesitábamos ayuda en el Amambay, que está fea la cosa, nos está invadiendo esta gente, es un mercado libre de la muerte y de la droga; te avisé”, declaraba el 11 de octubre del año pasado el gobernador Ronald Acevedo, cuya hija, Haylee Acevedo, y tres personas más fueron asesinadas por sicarios dos días antes (sábado 9). Un día después, el entonces ministro del Interior afirmaba que “los hechos de sicariatos (probablemente) van a continuar porque es una respuesta del crimen organizado a las investigaciones que se hacen desde el Gobierno”. En medio del luto y de la tragedia, mayúsculo disparate pasó desaparecido para la mayoría de los periodistas y lectores. El crimen se reproduce en la impunidad y no en la represión. Añadió Giuzzio la cantinela que en estas horas se repite como letanía para justificar la inutilidad: “El gobernador Acevedo rechazó un ofrecimiento de seguridad para él y su familia hace un mes”.
El domingo 31 de enero pasado sonó el segundo campanazo. Resultó víctima colateral de un ataque de sicariato la señora Cristina “Vita” Aranda durante un concierto multitudinario realizado en la ciudad de San Bernardino. Cuando le preguntaron al presidente de la República si cambiaría al ministro Arnaldo Giuzzio por su demostrada incompetencia para ocupar el cargo, respondió con desprecio hacia una ciudadanía que clamaba por seguridad: “Es una persecución política”. Y continuando con la línea de su protegido recita los mismos versos: “Esto va a seguir, seguramente se van a seguir cobrando facturas”. Una indecencia para la memoria de una víctima inocente y colateral, repetimos, de aquel acto criminal.
Con el correr de los días, los sicariatos recrudecen. El martes 10 de mayo, en las playas de Barú, Colombia, es asesinado el fiscal del Crimen Organizado, Marcelo Pecci. Ahí aparecieron los sicarios de la moral, tratando de sacar rédito político de este deleznable atentado. Una miserabilidad, como ya dijimos antes, que parece no tener fondo. Y aunque la sociedad les dio las espaldas en sus inescrupulosas intenciones, ahora volvieron con las mismas despreciables ambiciones hacia sus eventuales adversarios políticos en las elecciones generales del 30 de abril del año próximo.
El gobernador y hermano de la víctima de este último atentando, Ronald Acevedo, disparó directo al Poder Ejecutivo, entre ceja y ceja: “Le mando decir al presidente de la República que él es el culpable de lo que está pasando en Pedro Juan Caballero y de lo que le ocurrió a mi hermano. Mario Abdo Benítez, no tenés huevos, mi cuate”. Y añadió: “Le voy a recibir por educación”, cuando le comentaron que el ministro del Interior estaba viajando hacia la capital departamental. “¿Qué hicieron por mi hija? ¿Están aprehendidos los que mataron a mi hija? No hicieron nada, y ahora que mi hermano está entre la vida y la muerte, ¿van a hacer algo? Que se vaya a la mierda este gobierno”. Las palabras del señor Acevedo representan el sentimiento popular. Y lo que ya dijimos: Si lo mejor que pueden hacer es irse, que se vayan.
Ya no podemos esperar más. Los sicarios no dan tregua. Mientras, el Gobierno se declara en permanente silencio. Algo deben hacer o se van. Y si lo mejor que pueden hacer es irse, váyanse.
“Arnaldo Giuzzio, hablamos, te dije que necesitábamos ayuda en el Amambay, que está fea la cosa, nos está invadiendo esta gente, es un mercado libre de la muerte y de la droga; te avisé”.