Cuando se debatía el juicio político a la fiscal general del Estado se instaló fuerte­mente el posicionamiento de que aquellos que promovían la iniciativa tenían la real y oculta intención de coop­tar el Ministerio Público para usarlo como garrote político. Aquellos negaban la cuestión poniendo otros insumos sobre la mesa; sin embargo, quedó demostrado que para cuando lograron reaccionar habían sido reba­sados en el enmarcado de la discusión pública.

En la jornada de ayer, el intendente de Santa Elena, el médico Miguel Olmedo, dio a conocer que desde la Auditoría del Poder Eje­cutivo le comunicaron que entre el 28 de marzo y el 1 de abril se procedería a la verificación física de exis­tencia de obras ejecutadas y financiadas con recursos de Fonacide. Es, básicamente, una auditoría a la gestión de un municipio recono­cido en innumerables veces como uno de los de mejor funcionamiento y con altos niveles de transparencia. Hasta ahí podría consi­derarse normal, todos los municipios están expues­tos, más allá de su autono­mía al recibir recursos del Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo y más allá de la evidente duplicación de tareas con la Contraloría General de la República, que tam­bién verifica el uso de los recursos. Olmedo, en todo momento mani­festó su tranqui­lidad al contar con, tanto la documenta­ción al día, al igual que las obras en tiempo y forma.

Ya dicen que el diablo está en los detalles. Y acá viene uno absolutamente oportuno de destacar. El intendente en cuestión es el precandidato a gobernador de Cordillera por el movimiento Honor Colorado. ¿Vio? Es un deta­lle ínfimo, no daba para ser malpen­sado. La auditoría al municipio de Santa Elena se da al mismo tiempo que se está exi­giendo a Petropar que haga pública su estructura de costos y al mismo tiempo que medios de comunicación publican que José Insfrán, el pastor prófugo investi­gado por lavado en el marco del ope­rativo A Ultranza Py, ope­raba una estación de servicios de Petropar. El mismo Ins­frán, fundador del Centro de Convenciones de Aviva­miento con sede en Curu­guaty, en el departamento de Canindeyú.

Y acá viene otro detalle, otro pequeñísimo detalle. Denis Lichi, presidente de Petropar, es el precandi­dato a gobernador de Cor­dillera del oficialismo. A la par, es el adversario político de Olmedo en la interna del Partido Colo­rado. Pero no hay que ser tan desconfiado en estos tiempos en los que se deja de lado el convenci­miento y el discurso, sino que más bien se apela pri­mero al cháke y si eso no funciona, directamente al garrote como estrategia electoral. Tiempos con­vulsos, si los hay, donde se precisa andar con los ojos bien abiertos.

El intendente en cuestión es el precandidato a gobernador de Cordillera por el movimiento Honor Colorado. Es un detalle ínfimo, no daba para ser malpensado.

Olmedo, en todo momento manifestó su tranquilidad al contar con, tanto la documentación al día, al igual que las obras en tiempo y forma.