Decíamos ayer que, por un mínimo de cordura, y ante el deteriorado nivel de vida que sufre la población, el juicio político a la fiscal general del Estado debía concluir en la víspera. Quizás, más que cordura, prevaleció la inapelable razón política. Esa misma razón política que animó a sus promotores (del juicio político) a utilizar como plataforma proselitista ese recinto legislativo les decía que los prosélitos ya estaban distrayéndose con otros precandidatos a la Presidencia de la República.
Los que usufructuaron la Cámara de Diputados para el zapateo y la declamación sintieron bajo sus pies que estaban por caerse del escenario. Ya no había espacio para el melodrama. El público empezaba a abandonar la sala, hastiado de las mismas insulsas escenas. De alguna manera tenía que bajarse el telón. Y algunos diputados oficialistas, que inicialmente jugaron el juego de la oposición, empezaban a volver detrás de las líneas coloradas. No hay por qué tirarse de los pelos ni lanzar maldiciones al cielo. Es comprensible que así sea.
El pluralismo es un componente sustantivo de la democracia. Es más, sin ese componente la democracia no sería tal. Fomenta, aprecia y reverencia la diversidad social, la oposición de ideas y los conflictos políticos bajo reglas aceptadas y compartidas por todos aquellos que viven dentro de un Estado libre, soberano, justo y solidario. Las diferencias se enfrentan en una constante disputa de supremacías. Aun con estas características que suavizan la convivencia dentro de la sociedad y que deberían darse como obligatoriamente aprendidas, nunca faltan los que agitan antojos mesiánicos o se iluminan como predestinados de verdades absolutas. La tentación de los caudillos del pensamiento único que ambicionan suprimir la facultad de reflexionar, de pensar y de discernir de los ciudadanos para que solo sigan las huellas del líder del rebaño, siempre está latente en las organizaciones de diferentes extracciones. Pero es más visible en la política, porque es ella la que tiene más influencia mediática.
La pretensión de adueñarse de la voluntad ajena mediante engaños, sugestiones y/o presiones ha sido una constante no solo dentro del campo político, sino, también, en el territorio de algunas cadenas mediáticas que, sin mirar códigos éticos o normas morales, se tribuyeron facultades para tantear el direccionamiento interesado de la opinión de sus lectores y orientar, según sus conveniencias, las decisiones políticas, con repetida predilección en las cámaras del Congreso de la Nación. Ante la ausencia de una racionalidad reflexiva que justifique sus posiciones, interponen la deleznable práctica del amarillismo periodístico con titulares mentirosamente exagerados, con acusaciones sin evidencias sostenibles o documentaciones aviesamente tergiversadas. Eso, a más de la gritería desaforada de sus locutores ciclotímicos.
Todos estos ingredientes fueron agregados a la marmita donde quisieron cocinar la destitución de la fiscal general del Estado, doctora Sandra Quiñónez, por la vía del juicio político. En la sesión del miércoles 16 de marzo, los que estaban a favor, cuando se percataron de que no contaban con los requeridos dos tercios de los presentes, optaron por el procedimiento político de dejar sin quórum la sesión. No hace falta tener percepciones extrasensoriales para saber que la idea era reagruparse y recuperar a los “descarriados” para continuar avivando las llamas debajo del recipiente. Mas los ánimos habían decaído notoriamente. Cada vez eran menos los voluntarios para apretar el fuelle.
Algunos filósofos políticos consideran que toda sociedad democrática debería encarrilarse sobre el ideal del consenso, a diferencia de la democracia liberal creyente de negociación entre y sobre intereses. La cotidianeidad práctica nos demuestra que en política el nosotros absoluto es imposible. Culturas, ideologías, religiones, etnias, etcétera, se oponen entre los unos y los otros. Por tanto, contrariamente a los promotores de las escuelas citadas, el conflicto forma parte de la democracia, siempre que se resuelva por los mecanismos institucionales, legales y constitucionales. Ese conflicto de proyectos alternativos, repetimos, hace a la democracia misma.
En nuestra Cámara de Diputados se enfrentaron dos pensamientos y dos corrientes de opinión respecto al caso Sandra Quiñónez. La multibancada opositora aprovechó las arreboladas internas del Partido Colorado para ganar adeptos dentro del movimiento oficialista. Y los diputados oficialistas, en contubernio con sus detractores históricos, querían enviar señales de victoria y poder desde el Congreso cambiando al presidente de la Cámara de Diputados y a la fiscal general porque, suponen, responde al Movimiento Honor Colorado o cartismo. Obtuvieron lo primero. En cuanto a la segunda intención cosecharon su segunda estrepitosa derrota. La primera fue cuando no consiguieron que la Convención del Partido Liberal Radical Auténtico aprobara un mandato (inconstitucional, por cierto) para sus diputados en el sentido de votar a favor del juicio político.
Debemos reconocer que, finalmente, ya todos quisieron terminar con los puntos suspensivos sobre el juicio político. No precisamente porque sus impulsores se preocupan por la suerte del pueblo empobrecido, sino porque el proceso ya les iba devorando el tiempo que no tienen y desgastando políticamente de cara a sus propias internas dentro de la concertación. O concertaciones. Por ahora hay dos. De los ochenta miembros de la Cámara Baja estuvieron presentes 75. Cinco ausentes.
La votación fue la más democrática posible. Solo los pichones de dictadores pensarán lo contrario. Se ausentaron cinco colorados. Se abstuvieron o votaron en blanco, según los registros, cuatro radicales auténticos y dos republicanos. A favor del juicio político: veintiún liberales, ocho colorados, tres del Partido Patria Querida, tres del Partido Encuentro Nacional, dos del Partido Político Hagamos y un independiente: treinta y siete en total. En contra votaron veintiocho colorados y cuatro liberales: total, treinta y dos. El intento de juicio político a Sandra Quiñónez tuvo el anunciado, desde el principio, final de “Comuníquese, publíquese y archívese”. Ahora, a pensar en el país y sus interminables crisis.
Todos estos ingredientes fueron agregados a la marmita donde quisieron cocinar la destitución de la fiscal general del Estado, doctora Sandra Quiñónez, por la vía del juicio político.
Los que usufructuaron la Cámara de Diputados para el zapateo y la declamación sintieron bajo sus pies que estaban por caerse del escenario. Ya no había espacio para el melodrama.