Fue Carlos Saúl Menem, presidente de la Repú­blica Argentina, quien el 3 de abril de 1990 formuló una de sus declaraciones más explosivas: “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. El que mejor recrea y contextualiza esta frase, que en nuestro país tiene marca registrada, es el periodista Luis Gasulla, en su libro “El negocio político de la obra pública” (en cola­boración con Alicia Panero y Juan Parrilla). En el 2005, Transparencia Internacio­nal –relata el autor– ubicó a “Yacyretá entre los diez monumentos a la corrupción más grandes del mundo”.La publicación, no obstante, abarca un período mucho más extenso, iniciándose en “la patria contratista” de Menem, pasado por los Kir­chner (Néstor y Cristina) concluyendo con Mauricio Macri. El que clava el enfo­que certero únicamente en la represa fue el reconocido director de cine Pino (Fer­nando Ezequiel) Solanas en su documental “Memo­ria del saqueo”, que contri­buye a comprender cuánto y cómo se robó en la construc­ción de la represa. Solanas fue diputado y, luego sena­dor. Falleció en París el 6 de noviembre del 2020, a causa del covid-19 mientras se des­empeñaba como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Sus obras le sobreviven.

Valga esta introducción para insertarnos en nuestro tema. Si bien Yacyretá es un monumento a la corrupción compartido con el vecino país, dentro de días tendremos uno exclusiva­mente nuestro: La Pasarela de Ñandutí. Una obra que inicial­mente iba a tener un costo de 500.000 dólares, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones terminará pagando, según los expertos en la materia, 2.000.000 de dólares. No es raro que esté involucrada la empresa que ya es cono­cida popularmente como la “superproveedora del Estado”, Engineering.

No es, tampoco, el primer caso en que el ministro de Obras Públicas y Comunica­ciones, Arnoldo Wiens, está en medio de denuncias dentro del marco de las licitaciones, principalmente por estable­cer cláusulas direccionadas abiertamente para favorecer a determinadas empresas amigas del poder o vincula­das al Gobierno. De acuerdo a informaciones de carác­ter público, Engineering, durante el mandato del pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez, para el 2021 ya se había adjudicado un total de 66 contratos con el Estado.

Un poco de historia ayuda a refrescar la memoria. Tanto la Contraloría General de la República como la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas elaboraron demoledores informes res­pecto al grosero sobrecosto de la Pasarela de Ñandutí o pasarela de “oro”. O nues­tro monumento a la corrup­ción que no es compartido con nadie. Toda la docu­mentación donde se expo­nen el direccionamiento (a favor de superproveedora) y la sobrefacturación de esta obra fue remitida a la Procu­raduría General de la Repú­blica, cuya máxima autori­dad, Juan Rafael Caballero González, optó por el silen­cio cómplice.

En enero del año pasado, el director de Obras Públicas del ministerio en cuestión, arquitecto José Kronawet­ter, confesó a los medios de comunicación que, efecti­vamente, un hermano de la primera dama, el señor Jorge López Moreira, hizo lobby a favor de Engineering SA para la construcción de la pasarela que une el parque Ñu Guasu con el Comité Olímpico Para­guayo (COP). El ministro Arnoldo Wiens no encontró mejor remedio para salir de este apokytã que castigar al denunciante del tráfico de influencias, apartándolo de su cargo. Fiel a la naturaleza de este gobierno, el que debió ser condecorado con la “Cruz de la Entereza”, fue conde­nado a la cruz del calvario. Al parecer, todos los pastores ligados, de una u otra forma, a esta administración están reinterpretando las Sagradas Escrituras.

Lo último. A pesar de todas las irregularidades denun­ciadas y demostradas, el ministro Wiens se prepara para recibir la obra. En una maniobra administrativa de desembolso menos des­cuento, Obras Públicas pre­tende blanquear a Enginee­ring, borrando de su historial el daño patrimonial en per­juicio del Estado. Pero ojo: el monto a descontar no llega ni siquiera al 50% de lo que esta empresa sobrefacturó mediante un mecanismo absolutamente injustificado y que tenía la premeditada intención de estafar al Estado, para distribuir el “diezmo” –es lo que se lee de esta desleal­tad para con el país– entre sus conexiones dentro del Gobierno. Si este descarado robo a las arcas del tesoro público llega a materializarse, el ministro Wiens tendría que ser destituido. O enviado a juicio político en el Congreso de la Nación.

Estas son algunas de las razo­nes por las cuales los dipu­tados progubernamenta­les y el vicepresidente de la República –y candidato a pre­sidente– quieren una fiscala general del Estado sometida a sus intereses. Una persona que les permita transitar libremente por la pasa­rela de la impunidad. Una impunidad que tiene fecha de vencimiento. Porque, definitivamente, el pueblo ya no se dejará estafar por estos candidatos que quie­ren mantenerse en el poder para seguir usufructuando sus espurios privilegios.