Desde el momento en que se insinuó la posibilidad de un juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que pertenecen al movimiento liderado por el senador Blas Llano adelantaron que no estaban dispuestos a bailar al ritmo de las internas del Partido Colorado. Aunque en la tarde de ayer informaron que todavía no asumieron una postura definitiva al respecto, el citado parlamentario aseguró que no existen los votos (los 53 que precisan en la Cámara Baja) y que, a medida que pasen los días, habrá menos. Previa a la reunión, algunos medios elevados a la categoría de fiscales acusadores anunciaban que una determinación similar a la comunicada constituirá “la sepultura electoral del llanismo”. Las eternas ínfulas de algunos colegas de constituirse en el “gran elector”, interpretando desde sus páginas o micrófonos la voluntad de cada uno de los miles de compatriotas inscritos en el Registro Cívico Permanente, sin más instrumentos de evaluación que sus propios deseos. Deseos que, sin el riguroso análisis de los hechos, se pulverizan contra los muros de la dura realidad.
La intención del juicio político a la fiscala general del Estado cabalga a pelo, sin aperos, sobre la orfandad popular. La cara visible dentro del Gobierno que empuja esta propuesta es el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Su pretensión de convertirse en el sucesor del actual mandatario, Mario Abdo Benítez, contrasta frontalmente con las pocas chances que envuelven a su
proyecto. Afirmación fundada en las encuestas, que son herramientas que miden científicamente las preferencias electorales del momento, entre ellas las manejadas por su propio equipo. Preferencias, que, obviamente, llegado el momento, deben cristalizarse en votos. Es por eso que ha esbozado varios atajos para tratar de levantar cabeza y que le abrieran alguna posibilidad de acortar distancias para las internas del Partido Colorado fijadas para el 18 de diciembre de este año. Todos ellos fracasaron. Principalmente aquel que tenía por objeto eventuales alianzas con otras organizaciones políticas. Propósito que fue abortado por los propios convencionales del movimiento Fuerza Republicana que impulsa su candidatura. ¿La razón? Muy sencilla: implicaba renunciar a los símbolos y a la denominación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), contradiciendo el sentido de pertenencia al coloradismo del que tanto se jactaban.
Hugo Velázquez, en el caso de que avanzara el juicio político a Sandra Quiñónez, asume que podría designar en su reemplazo a una persona cercana a sus intereses político-partidarios. Los efectos de este hecho, especulan sus asesores, podrían mejorar su alicaída imagen que, antes que despegar, se sigue hundiendo irremediablemente en medio de la masiva fuga de sus antiguos aliados. Ha perdido intendentes, gobernadores, diputados y senadores que migraron hacia las filas del movimiento Honor Colorado, su mayor oponente dentro de la ANR. Y, por otro lado, tal como perciben varios sectores de la sociedad, incluyendo dirigentes del frente opositor, es intención del precandidato oficialista utilizar la Fiscalía General en una doble función: asegurar impunidad para sus seguidores y como garrote amedrentador para sus adversarios.
Otra que farolea de supuestos atributos intelectuales, morales y patrióticos es la diputada por el conservador Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, quien, lejos de demostrar en la práctica cotidiana sus presumidas facultades, ha optado por treparse a la política del espectáculo, fogoneada por las corporaciones mediáticas y fácilmente encandiladas por las luces de la televisión. Enredada en un microclima de elogios mutuos perdió de vista los espacios donde se desarrollan la única política que tiene sentido: las calles y las relaciones directas con el pueblo. Creyó que con la verborrea desplegada desde
una banca legislativa podría saltar directamente al sillón de López. Ahora trata de remendar sus errores electorales embanderados en el libelo acusatorio en contra de la fiscala general del Estado. Escamotea el mamotreto a la médica y senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), quien, por alguna razón, relegó su inicial papel protagónico. Podríamos colegir que fue por alguna recomendación de los asesores del Poder Ejecutivo para tratar de disfrazar de “mayor pluralismo” el anunciado juicio político, puesto que como todos saben la senadora Masi es la incondicional “compañera de ruta” del presidente Abdo Benítez desde el primer día de su gobierno.
La desesperación de figuración de la diputada González, al igual que el vicepresidente Hugo Velázquez, también es comprensible. Mientras ella se maquillaba para las cámaras, la senadora Esperanza Martínez, apoyada por el Frente Guasu, está recorriendo el país, dentro de la plataforma “Ñemongeta por una Patria Nueva”.
Con este contexto, la lectura de lo que está ocurriendo con el ambicionado juicio político, alentado por sectores oficialistas y algunos opositores, es de más fácil comprensión. La claridad y la sencillez son dos elementos imprescindibles en este nuestro quehacer diario.
La intención del juicio político a la FGE cabalga sobre la orfandad popular, y la cara visible de quien empuja es el actual vicepresidente Hugo Velázquez.
Es intención del precandidato oficialista utilizar a la Fiscalía General en una doble función: asegurar impunidad para sus seguidores y como garrote amedrentador para sus adversarios.